EL PODER ADQUISITIVO
DE LOS ESPAÑOLES

Inflación, salarios, impuestos y vivienda | 2018–2026

 

INFORME ECONÓMICO CRÍTICO Y DOCUMENTADO

Corte de información: 20 de octubre de 2026

 

TESIS CENTRAL La pérdida de capacidad de compra no se mide mirando solamente cuánto sube el salario bruto. Hay que descontar la inflación, observar qué bienes consume cada hogar y calcular cuánto queda después de impuestos y cotizaciones. El aumento de precios es comprobable; su incidencia sobre cada familia, desigual. La fiscalidad puede agravar el problema, pero debe demostrarse con comparaciones homogéneas.

 

 

Resumen ejecutivo

La evidencia permite formular una crítica sólida, pero exige renunciar a dos simplificaciones: no todos los españoles han perdido poder adquisitivo entre 2018 y 2026 y la inflación no puede atribuirse íntegramente a una sola política gubernamental. Lo que sí es inequívoco es el fuerte encarecimiento de la cesta de consumo y el aumento de determinadas cargas sobre el trabajo. El impacto final depende del ingreso, la evolución salarial individual, los impuestos, la composición familiar y el acceso a la vivienda.

DATO CONFIRMADO 1 · PRECIOS Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025, el IPC general del INE aumentó un 23,2 %. En septiembre de 2026 la inflación interanual era del 4,9 %. Ambas cifras corresponden a conceptos y períodos diferentes y no deben sumarse.

 

DATO CONFIRMADO 2 · CESTA ESENCIAL Entre diciembre de 2018 y septiembre de 2026 los alimentos y bebidas no alcohólicas se encarecieron un 41,4 %, el transporte un 33,3 % y los restaurantes y servicios de alojamiento un 37,7 %, según la calculadora oficial del INE.

 

DATO CONFIRMADO 3 · TRABAJO E IMPUESTOS La cuña fiscal sobre un trabajador soltero, sin hijos y con salario medio pasó del 39,4 % del coste laboral en 2018 al 41,4 % en 2025, según la OCDE. No es un porcentaje sobre el salario bruto ni una estimación para todas las familias.

 

El salario bruto medio de la Encuesta de Estructura Salarial pasó de 24.009,12 € anuales en 2018 a 29.540,26 € en 2024 (+23,0 % nominal). Este dato impide sostener que el salario medio bruto haya perdido necesariamente poder adquisitivo durante todos los años del período. Al mismo tiempo, ni esa media describe la evolución de un mismo trabajador ni incorpora automáticamente IRPF, cotizaciones o el encarecimiento especial de alimentos y vivienda. La población con ingresos congelados o subidas inferiores al IPC sí registra pérdidas reales inequívocas.

El informe identifica una responsabilidad política e institucional específica: permitir que la inflación eleve cargas fiscales por progresividad en frío, sin una compensación homogénea de tramos, mínimos y deducciones, reduce la parte del incremento nominal que llega al bolsillo. Deben reconocerse también las medidas que favorecieron a determinados colectivos, especialmente las fuertes subidas del salario mínimo y la revalorización de las pensiones, para no confundir crítica con selección interesada de datos.

Cuadro de mando: hechos, períodos y significado

Indicador	Dato	Período / interpretación
IPC general nacional	+23,2 %	Dic. 2018 a dic. 2025
IPC, tasa interanual	+4,9 %	Sep. 2026 frente a sep. 2025
IPC alimentos y bebidas no alcohólicas	+41,4 %	Dic. 2018 a sep. 2026
IPC transporte	+33,3 %	Dic. 2018 a sep. 2026
Salario bruto medio de encuesta	24.009,12 € → 29.540,26 €	2018 a 2024; +23,0 % nominal
Cuña fiscal, perfil OCDE	39,4 % → 41,4 %	2018 a 2025; +2,0 puntos
Precio de compra de vivienda, IPV	+12,2 % interanual	2.º trimestre 2026; no confundir con IPC
SMI mensual, 14 pagas	735,90 € → 1.221 €	2018 a 2026; +65,9 % nominal

 

Fuentes primarias: INE, OCDE y BOE. Son métricas distintas; las comparaciones se hacen únicamente dentro de cada fila.

Introducción 

La distancia entre cobrar más y vivir mejor

La pregunta económica verdaderamente relevante no es cuánto dinero figura en la nómina, sino qué bienes y servicios puede adquirir una familia una vez descontados los pagos obligatorios. El dinero constituye un medio de intercambio, no un resultado final. Si los ingresos aumentan un diez por ciento y los precios relevantes para el hogar lo hacen un quince por ciento, la remuneración nominal mejora mientras disminuye la capacidad de compra. La misma lógica actúa cuando un salario se actualiza para compensar la inflación y una proporción mayor termina absorbida por un impuesto progresivo cuyos umbrales no se han corregido suficientemente.

Entre 2018 y 2026 España ha atravesado circunstancias extraordinarias: la pandemia de 2020, disrupciones en cadenas de suministro, el encarecimiento internacional de la energía, conflictos geopolíticos, cambios monetarios y una presión especialmente intensa sobre vivienda y productos básicos. No sería riguroso atribuir cada variación de precios al Gobierno español; tampoco sería aceptable utilizar esos factores externos para evitar el examen de sus decisiones fiscales, regulatorias, presupuestarias y de oferta de vivienda. Un informe serio debe separar las causas externas de las responsabilidades de política económica y distinguir el dato demostrado de la valoración crítica.

Las ideas del documento de partida aciertan al destacar la progresividad en frío y la diferencia entre el salario nominal y el disponible. Sin embargo, varias cifras que incluye carecen de una referencia identificable o mezclan medidas diferentes. En particular, los tipos medios del IRPF del 12,7 % y el 15,1 %, los 250–350 euros atribuidos universalmente a la no deflactación y los 1.657 euros por familia no pueden darse por comprobados con los marcadores incompletos que acompañan al original. Este informe conserva la preocupación central y sustituye las afirmaciones no verificadas por datos primarios, cálculos transparentes y escenarios expresamente identificados como ilustrativos.

1. Qué significa perder poder adquisitivo

La pérdida de poder adquisitivo tiene una definición precisa: una cantidad de ingreso permite adquirir una cesta menor de bienes y servicios que en el período de referencia. Para comparar correctamente deben utilizarse magnitudes homogéneas. El ingreso nominal es el dinero percibido; el ingreso real corrige ese importe mediante un índice de precios. En términos simplificados, el ingreso real actual equivale al ingreso nominal actual dividido por el factor acumulado de precios respecto al año inicial. El cálculo puede hacerse sobre el salario bruto, el salario neto, una pensión o la renta disponible del hogar, pero no debe presentarse como si todos estos conceptos fueran equivalentes.

El indicador general de precios constituye una referencia necesaria, aunque no describe con exactitud el gasto de cada familia. Quien dedica una parte elevada de sus ingresos a alimentos, energía y alquiler puede experimentar una inflación personal distinta de quien tiene una vivienda pagada y un patrón de consumo diferente. El IPC incorpora ponderaciones medias y no mide directamente la subida de los precios de compraventa de vivienda: para esta última existen indicadores específicos. Esta distinción resulta esencial cuando se intenta comprender por qué determinados hogares afirman que viven peor aunque un índice macroeconómico muestre cierta recuperación.

También es necesario distinguir entre evolución de ingresos de un mismo trabajador y evolución del salario medio estadístico. La media puede cambiar porque varía la composición del empleo por sectores, jornadas, antigüedad o características de las personas empleadas. Un aumento del salario medio no demuestra que todos los trabajadores hayan mejorado. De manera simétrica, una pérdida real en ciertos colectivos no demuestra que toda la población asalariada haya sufrido idéntica evolución.

2. La inflación acumulada: la erosión que permanece

La calculadora del INE permite establecer un punto de referencia incuestionable: entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025 el IPC general nacional subió un 23,2 %. Esto significa que una cesta que costaba 100 euros al inicio de ese intervalo habría pasado a costar, en promedio estadístico, 123,20 euros al final, si se mantiene la cesta comparable del índice. Para sostener la misma capacidad de compra, una renta nominal necesitaba crecer en proporción equivalente, antes de considerar alteraciones de impuestos o consumos particulares.

Debe evitarse una confusión frecuente: que la inflación anual disminuya no significa que los precios regresen al nivel anterior. Una tasa más baja implica generalmente que siguen aumentando, pero a menor velocidad. Y una inflación interanual del 4,9 % en septiembre de 2026 significa que el nivel de precios era un 4,9 % superior al de septiembre de 2025, no que esa cifra deba añadirse automáticamente al 23,2 % calculado para diciembre de 2018 a diciembre de 2025. Para construir el acumulado hasta septiembre de 2026 hay que comparar directamente los índices de ambos meses.

El dato especialmente relevante para el análisis social es que determinados componentes de consumo esencial se han encarecido mucho más que el índice general. La calculadora oficial del INE, comparando diciembre de 2018 con septiembre de 2026, refleja un aumento del 41,4 % en alimentos y bebidas no alcohólicas y del 33,3 % en transporte. Los precios de restaurantes y alojamiento aumentaron un 37,7 % en ese mismo período. Estas diferencias ayudan a explicar por qué una subida salarial que parece suficiente frente al IPC general puede no compensar los gastos específicos de una familia.

Gráfico 1. Variaciones acumuladas con dos fechas de cierre distintas, identificadas expresamente. Fuente: calculadora oficial del INE; elaboración propia.

Los alimentos representan un componente particularmente sensible porque resultan difíciles de sustituir por completo. Una familia puede reducir ciertos gastos discrecionales, pero no dejar de alimentarse. Cuando los productos básicos aumentan más que el índice general, la restricción presupuestaria puede sentirse con mayor intensidad en hogares de ingresos modestos. No puede deducirse que todas las familias hayan experimentado exactamente un encarecimiento alimentario del 41,4 %, pues sus compras son distintas; sí puede afirmarse que la categoría oficial correspondiente registra un aumento muy elevado en el intervalo seleccionado.

3. Los salarios: una realidad que impide los eslóganes

La Encuesta de Estructura Salarial del INE situó el salario bruto medio anual en 24.009,12 euros en 2018. La Encuesta Anual de Estructura Salarial ofrece para 2024 un salario medio de 29.540,26 euros. La diferencia nominal es de 5.531,14 euros, equivalente a aproximadamente un 23,0 %. Este dato es imprescindible para no formular una afirmación global de pérdida salarial que la estadística no respalda sin matices. La comparación con la evolución del IPC hasta 2024 sugiere que el salario bruto medio estadístico pudo preservar e incluso mejorar moderadamente su capacidad de compra en el intervalo examinado, con las cautelas propias de comparar medias anuales y períodos de inflación no exactamente idénticos.

La conclusión, sin embargo, no puede trasladarse a todas las personas ni confundirse con salario neto. Existen diferencias según el sector, la ocupación, la edad, el tipo de contrato y el territorio. La media tampoco describe a los mismos individuos durante todo el período. Un trabajador cuyo salario permaneció congelado perdió capacidad de compra inequívocamente; otro con incrementos próximos al índice general pudo conservarla antes de impuestos; quien mejoró sustancialmente su remuneración pudo ganar poder adquisitivo. El debate público pierde rigor cuando se utilizan los problemas reales de unos colectivos para afirmar, sin distinguir situaciones, que todos han seguido el mismo camino.

El salario mínimo representa un contrapeso igualmente importante. El SMI mensual en catorce pagas pasó de 735,90 euros en 2018 a 1.221 euros en 2026, lo que supone un crecimiento nominal aproximado del 65,9 %. Esta política ha elevado de forma relevante la remuneración mínima legal. Su efecto sobre el poder adquisitivo real de los perceptores debe calcularse con el índice de precios del intervalo exacto y teniendo en cuenta cotizaciones, circunstancias familiares y empleo efectivo; aun así, ignorar este aumento produciría una interpretación sesgada del período. Un informe crítico no necesita ocultar decisiones favorables para señalar otras que puedan considerarse insuficientes.

No es metodológicamente válido utilizar sin advertencia la cifra salarial de una encuesta de coste laboral de 2025 como continuación exacta de la Encuesta de Estructura Salarial de 2024. Las operaciones estadísticas emplean diferentes universos y definiciones. En este documento se ofrece la última comparación estructural homogénea disponible y se aclara que 2026 no dispone todavía de un salario medio anual definitivo equivalente.

4. La fiscalidad del trabajo: dónde se va el dinero

El coste total de contratar a una persona no equivale al salario bruto que figura en su nómina y este, a su vez, no equivale al dinero neto que recibe. Entre ambas magnitudes intervienen cotizaciones empresariales, cotizaciones del trabajador e IRPF. Confundir esas bases produce porcentajes espectaculares pero incorrectos. La denominada cuña fiscal de la OCDE relaciona la suma de impuestos sobre la renta y cotizaciones laborales, descontadas las prestaciones familiares que procedan, con el coste laboral total. Es una medida apropiada para analizar cuánto separa el coste del empleo del ingreso neto, pero sus resultados dependen del tipo de hogar y del nivel salarial considerados.

Para un trabajador soltero, sin hijos y con remuneración equivalente al salario medio, la OCDE registra una cuña fiscal española del 39,4 % en 2018 y del 41,4 % en 2025: un aumento de dos puntos porcentuales del coste laboral. En 2025 la media de la OCDE era del 35,1 %, por debajo del dato español. La comparación permite sostener una crítica precisa a la carga total sobre el empleo para ese perfil, sin necesidad de inventar tipos efectivos de IRPF ni atribuir automáticamente toda la diferencia a una sola reforma. Las cuotas empresariales también forman parte de la cuña y su evolución responde a mecanismos distintos de los tramos del impuesto personal.

Gráfico 2. Cuña fiscal OCDE, trabajador soltero sin hijos al salario medio. Unidad: % del coste laboral total; no del salario bruto. Fuente: Taxing Wages 2019 y 2026.

De cada 100 euros de coste laboral total, el modelo OCDE deja aproximadamente 60,60 euros netos al trabajador en 2018 y 58,60 euros en 2025, bajo sus respectivos supuestos anuales. Esta comparación no significa que Hacienda retire directamente un 41,4 % del sueldo bruto en 2025. Una parte de la cuña corresponde a cotizaciones pagadas por el empleador que no se incluyen en el salario bruto del trabajador. Tampoco significa que cada hogar español se encuentre en la misma situación fiscal. Familias con hijos, trabajadores con otros ingresos y residentes en diferentes comunidades pueden presentar resultados distintos.

Las cotizaciones tienen funciones de financiación y protección social, por lo que resulta incorrecto tratarlas simplemente como recursos sin contraprestación. Al mismo tiempo, constituyen costes laborales obligatorios que afectan a la diferencia entre el coste del empleo y el ingreso disponible. Una evaluación responsable debe analizar tanto la financiación de las prestaciones como sus efectos sobre incentivos, contratación y salarios. La existencia de finalidades públicas legítimas no convierte cualquier nivel de imposición en económicamente neutro.

5. La progresividad en frío: subir el sueldo para pagar más impuestos

El mecanismo más importante señalado por el documento de partida es la progresividad en frío. En un impuesto progresivo sobre la renta, los tipos aplicables aumentan por tramos. Cuando los salarios nominales se elevan para compensar la inflación y los umbrales, mínimos o determinadas deducciones no se actualizan en la misma proporción, la cuota tributaria puede crecer más deprisa que la renta real. El fenómeno puede producirse aunque los tipos legales permanezcan formalmente inalterados. La distorsión es especialmente evidente cuando un incremento salarial que solo mantiene la capacidad de compra provoca que una parte mayor de la base tribute a tipos superiores.

El razonamiento no exige que todo el salario pase a un tramo nuevo. En un impuesto progresivo, normalmente es la porción adicional de base la que soporta el tipo marginal correspondiente. Por ello, afirmar que recibir una subida salarial hace que todo el sueldo tribute al tipo superior sería un error. La progresividad en frío aparece porque cambian las proporciones de renta sometidas a los diferentes tramos y porque los mínimos y deducciones pierden peso real si no se actualizan. La magnitud efectiva depende de la renta, de las circunstancias personales, de las cotizaciones y del diseño estatal y autonómico del impuesto.

España añade una complejidad institucional: el IRPF combina elementos estatales y autonómicos. Algunas comunidades han deflactado sus escalas o introducido modificaciones propias, mientras otras han aplicado políticas distintas. Asimismo, determinadas reformas han modificado el tratamiento de rentas bajas. Por ello no es defendible afirmar que todas las comunidades o todos los contribuyentes soportan la misma pérdida por ausencia de deflactación. Sí es legítimo reclamar una explicación transparente de por qué el incremento nominal de rentas no se acompaña de una actualización suficiente y homogénea de los parámetros relevantes, y qué parte de la recaudación adicional procede de este mecanismo.

6. Demostración matemática transparente: el impuesto que sube sin aumentar la renta real

Para aislar el mecanismo se presenta un ejemplo didáctico que no reproduce la normativa del IRPF español ni pretende calcular la declaración real de un contribuyente. Supóngase una renta sometida a un impuesto simplificado con dos tramos: 10 % hasta 20.000 euros y 25 % sobre el exceso. En el año inicial la renta es de 25.000 euros. Tras una inflación acumulada del 23,2 %, la renta nominal aumenta exclusivamente para preservar su poder de compra, hasta 30.800 euros. El contribuyente no dispone de más capacidad de consumo antes de impuestos; recibe una cantidad nominal mayor porque los precios son mayores.

Concepto	Situación inicial	Final sin deflactar	Final con tramos indexados
Renta nominal sujeta al impuesto	25.000 €	30.800 €	30.800 €
Umbral del tramo inferior	20.000 €	20.000 €	24.640 €
Cuota calculada	3.250 €	4.700 €	4.004 €
Renta después de este impuesto	21.750 €	26.100 €	26.796 €
Diferencia fiscal respecto a indexación	—	696 € adicionales	0 €

 

Modelo exclusivamente ilustrativo. Dos tipos hipotéticos del 10 % y 25 %; renta completamente sujeta al impuesto; sin cotizaciones, mínimos, deducciones ni reglas reales del IRPF.

El resultado es revelador. Si se actualiza el umbral del tramo inferior en la misma proporción que los precios, la cuota pasa de 3.250 a 4.004 euros: su valor real permanece constante. Si el umbral no cambia, la cuota alcanza 4.700 euros. La diferencia asciende a 696 euros nominales en el período final. Tras descontar la inflación, esos 696 euros equivalen aproximadamente a 565 euros del año inicial. La renta nominal después del impuesto aumenta, pero la renta real disponible disminuye respecto a la situación en la que se habrían actualizado los tramos.

Este ejercicio demuestra el mecanismo sin atribuir una cantidad universal a todos los contribuyentes. El impacto exacto del IRPF español debe calcularse mediante microsimulación con las escalas, mínimos, reducciones y cotizaciones efectivamente aplicables, separando tramos estatales y autonómicos y fijando una composición familiar concreta. Esas condiciones no están presentes en el documento original que proponía 250–350 euros adicionales anuales para una renta media. El principio económico es sólido; esa cifra particular no debe tratarse como un hecho probado hasta contar con una metodología verificable.

7. El precio de la vivienda: una presión distinta del IPC

La vivienda representa uno de los principales factores que explican por qué la experiencia cotidiana de las familias puede diferir de la evolución del IPC general. El coste de comprar una vivienda no forma parte del IPC de consumo de la misma manera que los alimentos o los servicios ordinarios; el INE dispone de un Índice de Precios de Vivienda específico. En el segundo trimestre de 2026, el IPV aumentó un 12,2 % respecto al mismo trimestre del año anterior, con una subida del 7,4 % en vivienda nueva y del 12,9 % en segunda mano. Estos datos describen la evolución de los precios de compra, no una variación de los alquileres ni el encarecimiento acumulado desde 2018.

Una familia joven que intenta acceder a una primera vivienda puede encontrarse con una barrera económica que no se refleja plenamente en la inflación general. Necesita acumular una entrada, afrontar gastos de adquisición y reunir ingresos suficientes para obtener financiación. Si el precio del inmueble crece más deprisa que su capacidad de ahorro, la vivienda puede alejarse incluso aunque su salario bruto haya mejorado en términos reales. Los hogares que adquirieron su vivienda anteriormente se encuentran en otra situación, pues el encarecimiento del activo puede incrementar su patrimonio nominal. Por ello, el efecto de la vivienda sobre el bienestar es profundamente desigual.

El análisis del alquiler requiere igualmente prudencia: los contratos existentes y los de nueva firma pueden evolucionar de manera distinta, y las estadísticas de anuncios no equivalen automáticamente al coste medio pagado por todos los inquilinos. La ausencia de una serie única y directamente comparable en este informe impide atribuir un porcentaje acumulado de aumento de alquileres a todo el país para 2018–2026. La crítica económica puede formularse sin inventarlo: la insuficiencia de oferta asequible, las restricciones urbanísticas, los costes de producción, los plazos administrativos y la incertidumbre regulatoria merecen un examen específico porque condicionan el esfuerzo que las familias deben dedicar al alojamiento.

8. El presupuesto de un hogar: tres escenarios que no deben confundirse

La mejor manera de evitar generalizaciones es mostrar qué sucede ante evoluciones diferentes de los ingresos. Para aislar la pérdida de poder adquisitivo se utilizan escenarios nominales con una renta disponible inicial de 25.000 euros en diciembre de 2018 y un índice de precios que aumenta un 23,2 % hasta diciembre de 2025. Son ejercicios de aritmética de inflación, no simulaciones del IRPF ni estimaciones de hogares reales. La renta que mantiene su cuantía nominal pierde una quinta parte de su capacidad de compra aproximada; la que crece al mismo ritmo del índice general la conserva; y la que crece más rápidamente la mejora, antes de considerar diferencias de cesta y otras obligaciones.

Escenario 2018 → 2025	Renta nominal final	Equivalente en € de 2018	Resultado real
A. Renta congelada en 25.000 €	25.000 €	20.292 €	−18,8 %
B. Renta crece un 15 %	28.750 €	23.336 €	−6,7 %
C. Renta acompasa el IPC +23,2 %	30.800 €	25.000 €	Sin variación
D. Renta crece un 30 %	32.500 €	26.380 €	+5,5 %

 

Cálculos propios con factor IPC 1,232. Redondeos al euro y a una cifra decimal. No se incluyen IRPF ni cotizaciones: las rentas se consideran disponibles.

El escenario de renta congelada es especialmente útil para comprender el problema. Una familia que disponía de 25.000 euros de renta anual para consumo en 2018 y mantiene exactamente esa cantidad en diciembre de 2025 conserva los mismos euros, pero solo puede adquirir aproximadamente el 81,2 % de la cesta inicial. Su pérdida real es cercana al 18,8 %, no al 23,2 %. La diferencia se debe a que el porcentaje de pérdida de capacidad de compra se calcula dividiendo por el nuevo índice de precios. Confundir incremento de precios y porcentaje de pérdida real constituye otro error frecuente en el debate público.

Los escenarios deben combinarse con el peso de los gastos esenciales. Si una familia dedica una parte importante de su presupuesto a alimentos cuyo índice ha crecido un 41,4 % hasta septiembre de 2026, su inflación efectiva puede superar a la correspondiente al promedio general. Otra familia con una distribución de consumos distinta puede experimentar una variación inferior. No existe una pérdida idéntica que deba imputarse automáticamente a todos los hogares. La evaluación correcta requiere conocer ingresos netos, composición del gasto, estructura de vivienda y evolución temporal de cada partida.

9. Responsabilidades públicas y causas económicas: crítica sin atajos

La subida de precios no puede comprenderse ignorando circunstancias internacionales que afectaron a numerosos países. La crisis sanitaria, las interrupciones logísticas y el encarecimiento de la energía contribuyeron a generar presiones inflacionistas. A ellas se añadieron decisiones monetarias, cambios en la demanda y conflictos geopolíticos. Sin embargo, reconocer estos factores no exime de examinar cómo respondió el poder público. La política tributaria puede aliviar o intensificar la pérdida de renta disponible; la regulación puede facilitar o dificultar la oferta; y la administración presupuestaria puede influir en la capacidad para proteger servicios esenciales sin trasladar costes innecesarios a los ciudadanos.

La crítica principal que permiten los datos examinados es que el ciudadano no debería enterarse de su empobrecimiento únicamente cuando intenta comprar alimentos o afrontar una nueva vivienda. La transparencia fiscal exige explicar cuánto aumenta la recaudación por cambios reales de capacidad contributiva y cuánto por el efecto nominal de la inflación sobre bases progresivas. Debe diferenciarse el incremento de ingresos públicos debido al crecimiento del empleo, los salarios nominales, los beneficios y el consumo de aquel atribuible a parámetros tributarios no actualizados. Una recaudación récord, por sí sola, no demuestra ni prosperidad general ni abuso fiscal: su interpretación necesita descomposición económica.

El IRPF ofrece un ejemplo claro de responsabilidad institucional. Mantener determinados umbrales sin corregirlos por inflación puede incrementar la carga real sobre contribuyentes que no han mejorado su capacidad económica. Esa decisión puede adoptarse legítimamente dentro del sistema fiscal, pero debería explicarse como una elección de política tributaria y no ocultarse tras el argumento de que no se han modificado los tipos nominales. De manera semejante, cualquier aumento de cotizaciones merece una explicación sobre sus finalidades, sus consecuencias y su relación con la sostenibilidad de las prestaciones. La legitimidad jurídica no equivale automáticamente a neutralidad económica.

También es necesario reconocer medidas que han mejorado ingresos de determinados grupos. Las subidas del salario mínimo y los mecanismos de revalorización de pensiones han protegido, en grados distintos y según sus reglas, a colectivos concretos. Reconocerlo no obliga a considerar satisfactoria la evolución del conjunto. Permite formular una crítica más precisa: las mejoras de unos grupos conviven con pérdidas de otros, especialmente cuando sus remuneraciones no evolucionan al ritmo de los precios o cuando sus gastos esenciales aumentan más deprisa que sus ingresos disponibles.

La vivienda requiere una revisión específica de responsabilidades estatales, autonómicas y locales. La oferta de suelo, la seguridad jurídica, los plazos urbanísticos, la fiscalidad de la promoción, el coste de construcción y los incentivos a invertir intervienen en el precio final. Las políticas deben examinarse según sus resultados y efectos secundarios, no por el volumen de anuncios o promesas. Una actuación que pretende favorecer el acceso, pero reduce la oferta o retrasa nuevas promociones, puede terminar perjudicando a sus destinatarios. La evaluación rigurosa debe contrastar objetivos declarados con viviendas efectivamente disponibles y costes de acceso.

10. Cinco reformas prioritarias y cómo comprobarlas

Una primera reforma consistiría en establecer una explicación pública y periódica del efecto de la inflación sobre el IRPF, diferenciando escalas estatales y autonómicas, mínimos y deducciones. La deflactación, completa o parcial, constituye una decisión política que debe discutirse con información cuantificada. El ciudadano debería poder conocer cuánto paga respecto a un escenario de parámetros actualizados y cómo varía ese efecto según el nivel de renta y la composición familiar. La transparencia es una condición mínima para debatir de manera informada sobre progresividad y suficiencia de ingresos públicos.

La segunda prioridad es medir la renta disponible real de perfiles concretos de hogares, no limitarse a presentar aumentos de salarios nominales o de recaudación. Conviene publicar comparaciones consistentes para asalariados individuales, parejas con hijos, pensionistas, trabajadores autónomos y jóvenes que buscan vivienda, incorporando los impuestos directos y los cambios en precios relevantes. Esta información debería permitir distinguir ingresos brutos, netos y reales, con metodología accesible y actualización periódica. Una única media nacional no puede sustituir el análisis de situaciones sociales diferentes.

La tercera reforma exige actuar sobre los costes estructurales de la vivienda mediante políticas evaluables de oferta, suelo, plazos y seguridad jurídica, manteniendo las garantías urbanísticas y ambientales necesarias. No bastará con anunciar recursos presupuestarios o fijar objetivos de construcción. Será necesario comprobar cuánto aumenta la oferta disponible, cómo evolucionan los costes por metro cuadrado, qué plazos administrativos se reducen y qué efectos se producen sobre alquiler y compra. Las medidas que alteren la rentabilidad de promover o alquilar deben examinarse también por sus consecuencias sobre la inversión futura.

La cuarta prioridad es una revisión crítica del gasto público basada en evaluación de programas, eliminación de duplicidades y productividad administrativa, sin confundir austeridad indiscriminada con eficiencia. Reducir trabajo burocrático y mejorar compras, sistemas de información y coordinación puede liberar recursos para actividades que realmente importan. Sin embargo, afirmar que una supresión genérica de gastos superfluos financiaría automáticamente cualquier rebaja fiscal requiere cifras verificables y alternativas presupuestarias. Una propuesta responsable debe identificar partidas, importes, efectos y decisiones de reasignación.

La quinta reforma consiste en vincular salarios reales sostenibles con productividad, inversión y competencia. Las mejoras nominales no pueden preservar indefinidamente el bienestar si los costes de producir bienes y servicios aumentan sin una expansión correspondiente de la capacidad productiva. La inversión en capital, innovación, formación aplicable y simplificación de procesos permite sostener salarios más elevados en términos reales. Esta agenda debe acompañarse de una política fiscal que evite erosionar silenciosamente incrementos que solo compensan precios.

11. Auditoría del documento de partida: qué conservamos y qué corregimos

Afirmación original	Valoración técnica	Decisión en este informe
La no deflactación del IRPF puede aumentar el impuesto real	Fundamento correcto; depende de renta y región	Se demuestra con un modelo transparente.
El IRPF medio pasó de 12,7 % a 15,1 %	Sin fuente identificable ni perfil comparable	No se presenta como hecho probado.
Aumento relativo del IRPF de alrededor del 19 %	Deriva de tipos anteriores no contrastados	No se generaliza.
Entre 250 y 350 € al año por progresividad en frío	No se aporta microsimulación verificable	Se sustituye por ejemplo explícito.
Familias pagan 1.657 € anuales más	No consta población, impuestos ni método	No se incorpora como dato estadístico.
Llegan al trabajador 58–60 € de cada 100 € de coste	Compatible con perfil OCDE 2025, no universal	Se concreta: 58,6 €, perfil específico.
Se ha reducido el poder adquisitivo de todos	No demostrado; diferencias importantes	Se separan colectivos y escenarios.

 

El criterio de la auditoría no consiste en suavizar la crítica, sino en impedir que cifras sin respaldo desacrediten un razonamiento económico que merece atención. La progresividad en frío puede demostrarse rigurosamente sin afirmar que todos los trabajadores pagan la misma cantidad adicional. La inflación acumulada puede documentarse sin atribuir a todos los hogares idéntica pérdida. Y el encarecimiento de la vivienda puede denunciarse con contundencia sin confundir precios de compraventa, alquiler e IPC de consumo.

Conclusión 

 La inflación encarece la vida; la opacidad fiscal agrava el problema

El período 2018–2026 muestra una transformación indiscutible del coste de vida en España. El IPC general aumentó un 23,2 % entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025, y en septiembre de 2026 continuaba registrando un incremento interanual del 4,9 %. Los alimentos y el transporte presentan aumentos acumulados particularmente elevados hasta septiembre de 2026, mientras el encarecimiento de la vivienda de compra mantiene una presión intensa sobre quienes necesitan acceder al mercado. Estos hechos explican por qué muchos ciudadanos pueden sentir que cada euro vale menos, incluso cuando sus ingresos nominales han aumentado.

No todos han perdido en igual medida. Los salarios presentan una evolución heterogénea, el salario mínimo ha experimentado un incremento nominal importante y algunos hogares han conseguido preservar o mejorar su capacidad de compra. Reconocer esas diferencias no debilita la denuncia: permite identificar con precisión quién soporta las mayores pérdidas. El verdadero balance necesita comparar rentas disponibles y precios relevantes, no enfrentar eslóganes basados en magnitudes incompatibles.

Existe además una cuestión de responsabilidad pública que no puede eludirse. Cuando los precios suben y los parámetros de un impuesto progresivo no se actualizan adecuadamente, una parte del aumento nominal necesario para mantener el nivel de vida puede convertirse en mayor carga fiscal real. El ciudadano merece conocer ese efecto y decidir, mediante un debate transparente, qué presión tributaria considera justificable. La cuña fiscal sobre el trabajador medio del perfil examinado por la OCDE pasó del 39,4 % en 2018 al 41,4 % en 2025. Es un cambio comprobable y suficientemente importante para exigir explicaciones precisas sobre sus causas y resultados.

La exigencia fundamental no es afirmar que todos los problemas económicos nacen del Gobierno, ni negar la existencia de perturbaciones internacionales. Es reclamar que las decisiones tributarias, regulatorias y presupuestarias sean evaluadas por sus efectos efectivos sobre la renta disponible, la vivienda y la capacidad productiva. Una política no debe juzgarse por cuántas subidas nominales anuncia o por cuánto recauda, sino por si facilita que las familias puedan vivir mejor con los recursos de que disponen. El Estado no debería presentar la inflación como una fuerza ajena cuando resulta necesario explicar sus efectos y, al mismo tiempo, aprovechar sin suficiente transparencia los ingresos fiscales que esa misma inflación puede generar.

La conclusión es exigente, pero comprobable: una parte de los españoles ha perdido capacidad de compra de manera muy significativa, especialmente cuando sus ingresos no acompañaron el encarecimiento de la cesta esencial o cuando el acceso a la vivienda absorbió una proporción creciente de sus recursos. La forma de corregirlo no consiste en maquillar indicadores, sino en reducir las fuentes evitables de pérdida, reforzar la productividad y mostrar con claridad cuánto dinero queda realmente en los hogares después de impuestos y precios. Sin esa transparencia, hablar de prosperidad sobre la base exclusiva de salarios nominales o cifras agregadas significa describir una economía que puede no coincidir con la que experimentan sus ciudadanos.

Anexo A. Fórmulas, hipótesis y advertencias metodológicas

Variación nominal: (renta final / renta inicial − 1) × 100. Inflación acumulada entre dos meses: (IPC final / IPC inicial − 1) × 100. Renta final expresada en euros iniciales: renta nominal final / (1 + inflación acumulada). Variación real: [(1 + variación nominal) / (1 + inflación acumulada) − 1] × 100. Estas expresiones exigen utilizar intervalos iguales y conceptos homogéneos de renta.

La cuña fiscal de la OCDE se obtiene dividiendo la suma de impuesto personal sobre la renta y cotizaciones sociales del empleador y del trabajador, menos prestaciones familiares en efectivo, entre el coste laboral total. No es idéntica al tipo medio efectivo del IRPF, ni permite conocer la retención de una nómina individual sin información adicional. La evolución entre 2018 y 2025 corresponde al perfil metodológico OCDE especificado, no a la fiscalidad media de todas las familias.

Las variaciones por componentes del IPC de diciembre de 2018 a septiembre de 2026 se calculan mediante la herramienta del INE con el sistema vigente de base 2025. El aumento del índice de precios de compraventa de vivienda del segundo trimestre de 2026 es una tasa interanual distinta y no debe añadirse al IPC. Las cantidades de los escenarios de ingresos y del modelo del impuesto simplificado son cálculos didácticos propios. Los datos salariales disponibles se detienen en 2024 para la Encuesta Anual de Estructura Salarial; no se presentan estimaciones de cierre de 2026 como datos oficiales.

Anexo B. Fuentes primarias y trazabilidad

F1 · INE · Calculadora IPC general, dic. 2018–dic. 2025  [Abrir fuente oficial]

F2 · INE · Variaciones por grupos, dic. 2018–sep. 2026  [Abrir fuente oficial]

F3 · INE · IPC septiembre 2026 (dato definitivo, publicado 14-10-2026)  [Abrir fuente oficial]

F4 · INE · Encuesta de Estructura Salarial 2018  [Abrir fuente oficial]

F5 · INE · Encuesta Anual de Estructura Salarial 2024, definitivos  [Abrir fuente oficial]

F6 · OCDE · Taxing Wages 2019, cifras de España para 2018  [Abrir fuente oficial]

F7 · OCDE · Taxing Wages 2026, nota España, datos de 2025  [Abrir fuente oficial]

F8 · INE · Índice de Precios de Vivienda, segundo trimestre de 2026  [Abrir fuente oficial]

F9 · BOE · Real Decreto 1077/2017, salario mínimo para 2018  [Abrir fuente oficial]

F10 · BOE · Real Decreto 126/2026, salario mínimo para 2026  [Abrir fuente oficial]

Material inicial examinado: «IMUESTOS Y PERDIDA DE PODER ECONOMICO.docx», aportado para este informe. Contiene referencias abreviadas [[9]], [[17]], [[20]], [[21]], [[41]], [[44]] sin bibliografía o URL identificable en el propio archivo. Se consideran afirmaciones del documento de partida y no referencias primarias verificadas.