LA GOBERNANZA DEL CLIMA EN EL SIGLO XXI

Introducción

El cambio climático se ha convertido en uno de los mayores desafíos colectivos de la humanidad en el siglo XXI. A diferencia de otras crisis globales, su naturaleza es profundamente transnacional, intergeneracional y sistémica, ya que afecta simultáneamente a los sistemas ecológicos, económicos y sociales del planeta. Ningún Estado, por poderoso que sea, puede abordar de forma aislada un problema cuyo origen y consecuencias trascienden fronteras nacionales. Por esta razón, el cambio climático ha impulsado el desarrollo de uno de los experimentos más complejos de gobernanza global de la historia contemporánea.

Desde la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 1992, la comunidad internacional ha intentado construir un régimen institucional capaz de coordinar la acción colectiva frente al calentamiento global. Este esfuerzo se materializó inicialmente en el Protocolo de Kioto de 1997, que introdujo objetivos de reducción de emisiones jurídicamente vinculantes para los países industrializados. Sin embargo, las limitaciones políticas y económicas de este enfoque —incluyendo la ausencia de algunos de los principales emisores y las dificultades de cumplimiento— revelaron rápidamente las tensiones inherentes a la cooperación climática internacional.

La adopción del Acuerdo de París en 2015 representó un cambio significativo en la arquitectura del régimen climático global. En lugar de imponer objetivos obligatorios de reducción de emisiones, el acuerdo se basa en un sistema de contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs), mediante el cual cada país define voluntariamente sus compromisos climáticos. Este modelo buscaba superar el bloqueo político que había limitado los acuerdos anteriores, pero también planteó interrogantes sobre su capacidad real para garantizar reducciones de emisiones compatibles con los objetivos científicos de estabilización climática.

Al mismo tiempo, la gobernanza del clima ha dejado de ser un proceso exclusivamente interestatal. En las últimas dos décadas ha emergido un sistema policéntrico de actores climáticos, en el que ciudades, regiones, empresas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones financieras participan activamente en iniciativas de mitigación y adaptación. Esta proliferación de actores ha ampliado el campo de acción climática, pero también ha generado una arquitectura institucional cada vez más compleja y potencialmente fragmentada.

Paralelamente, los tribunales de justicia han comenzado a desempeñar un papel creciente en la configuración de políticas climáticas. En distintos países, ciudadanos y organizaciones han recurrido a la vía judicial para exigir a los gobiernos una mayor ambición climática, generando una nueva forma de gobernanza climática a través de la litigación. Estas decisiones judiciales plantean preguntas fundamentales sobre la relación entre el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo en la formulación de políticas ambientales.

El debate sobre la gobernanza climática también está profundamente marcado por cuestiones de justicia y equidad global. El principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, establecido en las primeras negociaciones climáticas, se enfrenta hoy a un contexto geopolítico muy distinto al de la década de 1990. La emergencia de nuevas economías altamente emisoras, junto con la creciente vulnerabilidad de muchos países en desarrollo, ha reconfigurado el debate sobre cómo deben distribuirse los costos de la transición climática.

A estas tensiones se suman desafíos emergentes asociados al desarrollo de tecnologías capaces de modificar deliberadamente el sistema climático global. La geoingeniería solar, en particular, plantea interrogantes inéditos sobre la gobernanza de tecnologías con potenciales efectos transfronterizos y consecuencias difíciles de prever.

Finalmente, el reconocimiento creciente de las pérdidas y daños asociados al cambio climático ha introducido una nueva dimensión en las negociaciones internacionales. La creación de mecanismos financieros destinados a compensar los impactos climáticos en los países más vulnerables representa uno de los desarrollos más recientes —y políticamente sensibles— de la arquitectura climática internacional.

Este artículo examina estas transformaciones con el objetivo de comprender cómo se está configurando la gobernanza del clima en el siglo XXI. Para ello, el análisis se organiza en seis ejes principales:

1. La eficacia del multilateralismo climático tras el Acuerdo de París, evaluando el funcionamiento del sistema de contribuciones nacionales y sus mecanismos de rendición de cuentas.
2. La fragmentación institucional y el surgimiento de una gobernanza climática policéntrica, protagonizada por actores subnacionales y transnacionales.
3. El papel de los litigios climáticos como mecanismo emergente de gobernanza, capaz de influir en la formulación de políticas públicas.
4. La justicia climática y la distribución de responsabilidades entre países, en un contexto geopolítico profundamente transformado.
5. La gobernanza de tecnologías emergentes como la geoingeniería, que plantea nuevos desafíos regulatorios para el derecho internacional.
6. El desarrollo del fondo de pérdidas y daños y su impacto en la arquitectura financiera climática global.

A través de este recorrido, el artículo busca responder a una cuestión central para la política internacional contemporánea: si el sistema actual de gobernanza climática es capaz de coordinar una acción global eficaz frente al cambio climático o si, por el contrario, refleja las profundas tensiones políticas y económicas que atraviesan la cooperación internacional en el siglo XXI.

1. Eficacia del multilateralismo climático post-París

El régimen climático internacional ha experimentado una transformación significativa desde la adopción del Acuerdo de París en 2015. Este acuerdo supuso un cambio estructural respecto al modelo establecido por el Protocolo de Kioto de 1997. Mientras que Kioto establecía objetivos de reducción de emisiones jurídicamente vinculantes para un grupo limitado de países industrializados, el acuerdo de París introdujo un sistema mucho más flexible basado en compromisos voluntarios definidos por cada Estado.

Este cambio reflejó una realidad geopolítica fundamental: el aumento del peso relativo de las economías emergentes en las emisiones globales y la dificultad política de imponer obligaciones estrictas en un sistema internacional caracterizado por la soberanía estatal.

1.1 Del modelo de Kioto al modelo de París

El Protocolo de Kioto representó el primer intento de establecer un sistema global de reducción de emisiones basado en obligaciones cuantificables. Bajo este régimen, los países industrializados aceptaron compromisos específicos de reducción durante periodos de cumplimiento determinados.

Sin embargo, el sistema presentaba limitaciones importantes. Algunos de los principales emisores globales quedaron fuera del régimen de obligaciones, lo que redujo significativamente su eficacia ambiental. Además, el sistema generó tensiones políticas relacionadas con la distribución de responsabilidades entre países desarrollados y economías emergentes.

Ante estas dificultades, el Acuerdo de París adoptó un enfoque distinto: en lugar de imponer objetivos uniformes, cada país presenta sus propias Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs), que reflejan sus capacidades económicas, circunstancias nacionales y prioridades de desarrollo.

1.2 El sistema de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional

El sistema de NDCs constituye el núcleo del régimen climático post-París. Bajo este modelo, cada Estado define voluntariamente sus objetivos de mitigación, adaptación y, en algunos casos, financiación climática.

El acuerdo establece un ciclo de revisión quinquenal mediante el cual los países deben actualizar y reforzar progresivamente sus compromisos. Este mecanismo, conocido como “mecanismo de ambición progresiva”, pretende generar una dinámica de mejora gradual en las políticas climáticas nacionales.

El proceso de revisión global, denominado balance mundial, permite evaluar colectivamente el progreso hacia los objetivos del acuerdo, especialmente la meta de limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2 °C, con esfuerzos para mantenerlo en 1,5 °C.

1.3 Ambición climática

Uno de los principales debates en torno al régimen post-París se centra en el nivel de ambición climática de los compromisos nacionales.

Diversos análisis realizados por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático indican que las NDCs actualmente presentadas no son suficientes para alcanzar los objetivos climáticos establecidos en el acuerdo. Incluso si todos los compromisos existentes se cumplieran plenamente, el aumento de la temperatura global podría situarse por encima de los niveles considerados seguros por la comunidad científica.

Esta brecha entre compromisos y objetivos climáticos ha sido denominada frecuentemente “brecha de ambición”, y constituye uno de los principales desafíos del sistema climático internacional.

1.4 Cumplimiento y rendición de cuentas

A diferencia de muchos tratados internacionales tradicionales, el Acuerdo de París carece de mecanismos coercitivos estrictos para garantizar el cumplimiento de los compromisos nacionales. En su lugar, el sistema se basa en una combinación de:

• transparencia
• revisión internacional
• presión diplomática
• reputación internacional

Los países deben presentar informes periódicos sobre sus emisiones y sobre el progreso en la implementación de sus NDCs. Estos informes son evaluados mediante procesos técnicos internacionales que buscan garantizar la transparencia del sistema.

Sin embargo, la ausencia de sanciones formales significa que el cumplimiento depende en gran medida de la voluntad política interna de los Estados.

1.5 Principales economías emisoras

El funcionamiento del régimen climático internacional está particularmente influido por las políticas adoptadas por las principales economías emisoras.

Países como China, Estados Unidos, India y Unión Europea representan una proporción muy significativa de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Las decisiones políticas adoptadas por estos actores tienen un impacto determinante sobre la trayectoria climática global.

Las diferencias en estrategias energéticas, prioridades económicas y marcos regulatorios generan dinámicas complejas dentro del sistema multilateral.

1.6 ¿Superación de la parálisis o institucionalización del pluralismo?

El debate académico sobre el régimen climático post-París gira en torno a una cuestión central: si el modelo de NDCs representa un avance significativo en la cooperación climática global o si simplemente ha institucionalizado un sistema de compromisos voluntarios insuficientes.

Por un lado, el acuerdo ha logrado incorporar prácticamente a todos los países del mundo en un marco común de acción climática, algo que el modelo de Kioto no consiguió plenamente. Por otro lado, la naturaleza voluntaria de los compromisos genera dudas sobre su capacidad para producir reducciones de emisiones compatibles con los objetivos científicos.

En este sentido, el régimen post-París puede interpretarse como un experimento de multilateralismo flexible, diseñado para maximizar la participación global incluso a costa de reducir el grado de obligatoriedad jurídica de los compromisos climáticos.

2. Fragmentación institucional y gobernanza climática

La gobernanza climática contemporánea ya no puede entenderse exclusivamente como un proceso diplomático entre Estados. Aunque el marco institucional central continúa siendo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en las últimas dos décadas ha emergido una arquitectura mucho más compleja caracterizada por la participación de actores subnacionales, redes transnacionales, empresas, instituciones financieras y organizaciones de la sociedad civil.

Este fenómeno ha dado lugar a lo que muchos investigadores describen como una gobernanza climática policéntrica, en la que múltiples centros de decisión actúan simultáneamente en distintos niveles del sistema internacional.

2.1 La expansión de actores climáticos no estatales

El crecimiento de iniciativas climáticas transnacionales se ha acelerado especialmente desde mediados de la década de 2000. Ante las dificultades de alcanzar acuerdos internacionales ambiciosos, numerosos actores comenzaron a desarrollar iniciativas climáticas paralelas fuera de los procesos diplomáticos tradicionales.

Entre estos actores destacan:

• ciudades y gobiernos locales
• gobiernos regionales
• empresas multinacionales
• instituciones financieras
• redes de cooperación internacional

Estas iniciativas han contribuido a ampliar el espacio de acción climática más allá del ámbito estrictamente estatal.

2.2 Ciudades como actores climáticos

Las ciudades se han convertido en algunos de los actores más dinámicos en la gobernanza climática global. Dado que las áreas urbanas concentran una proporción significativa de las emisiones globales y de la población mundial, muchas ciudades han desarrollado estrategias climáticas propias orientadas a la mitigación y adaptación.

Redes de cooperación como C40 Cities Climate Leadership Group o ICLEI – Local Governments for Sustainability han facilitado el intercambio de políticas y experiencias entre gobiernos locales, generando un espacio de cooperación climática relativamente autónomo respecto a los procesos interestatales.

Estas redes permiten que ciudades de distintos países coordinen políticas relacionadas con transporte sostenible, eficiencia energética o planificación urbana resiliente.

2.3 Empresas y mercados climáticos

Las empresas también han asumido un papel creciente en la gobernanza climática. Muchas corporaciones han adoptado compromisos voluntarios de reducción de emisiones o estrategias de neutralidad climática como parte de sus políticas de sostenibilidad.

Iniciativas internacionales como Science Based Targets initiative han establecido marcos metodológicos que permiten a las empresas alinear sus objetivos de reducción de emisiones con las trayectorias científicas necesarias para limitar el calentamiento global.

Además, los mercados financieros están incorporando progresivamente criterios climáticos en la evaluación de riesgos e inversiones, lo que ha generado nuevas dinámicas en la economía global.

2.4 Redes transnacionales y cooperación horizontal

La proliferación de redes transnacionales ha creado una estructura de cooperación climática basada en interacciones horizontales entre actores no estatales.

Estas redes permiten:

• intercambio de conocimiento técnico
• difusión de políticas climáticas exitosas
• coordinación de compromisos voluntarios

En muchos casos, estas iniciativas funcionan como laboratorios de políticas públicas, donde se experimentan soluciones que posteriormente pueden ser adoptadas por gobiernos nacionales.

2.5 Riesgos de fragmentación institucional

A pesar de sus ventajas, la multiplicación de actores y plataformas climáticas también plantea riesgos de fragmentación institucional. La coexistencia de múltiples iniciativas puede generar:

• superposición de competencias
• falta de coordinación entre políticas
• dificultades para evaluar el impacto agregado de las acciones climáticas

La ausencia de una autoridad central capaz de coordinar estas iniciativas puede debilitar la coherencia del régimen climático global.

2.6 Interacción con el sistema multilateral

Una de las cuestiones más debatidas en la literatura académica es si estas iniciativas transnacionales refuerzan o debilitan el sistema multilateral centrado en la CMNUCC.

Por un lado, la acción climática de ciudades, empresas y organizaciones puede complementar las políticas estatales y generar avances incluso cuando las negociaciones internacionales se encuentran bloqueadas. Por otro lado, la proliferación de iniciativas dispersas podría diluir la responsabilidad política de los Estados y dificultar la evaluación de los compromisos globales.

En este contexto, la gobernanza climática contemporánea puede interpretarse como un sistema policéntrico y multinivel, donde los procesos diplomáticos interestatales conviven con una red cada vez más amplia de iniciativas transnacionales que buscan acelerar la acción climática en distintos ámbitos de la sociedad.

3. Litigios climáticos como mecanismo de gobernanza

En las últimas dos décadas, el sistema judicial ha emergido como un actor cada vez más relevante en la gobernanza climática global. Ante la lentitud o insuficiencia de las respuestas legislativas y ejecutivas frente al cambio climático, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas han recurrido a los tribunales para exigir una acción climática más ambiciosa. Este fenómeno, conocido como litigación climática, ha transformado progresivamente el papel del poder judicial en la configuración de políticas ambientales.

Los litigios climáticos no se limitan a resolver disputas legales tradicionales; en muchos casos buscan establecer obligaciones jurídicas para los gobiernos o las empresas en relación con la mitigación del cambio climático, generando así una nueva forma de gobernanza basada en decisiones judiciales.

3.1 Expansión global de la litigación climática

El número de litigios relacionados con el cambio climático ha aumentado de forma significativa desde principios del siglo XXI. Estos casos se han presentado en tribunales nacionales e internacionales, y abarcan una amplia variedad de demandas, incluyendo:

• exigencias de mayor ambición en las políticas climáticas
• responsabilidad de empresas por emisiones de gases de efecto invernadero
• protección de derechos fundamentales frente a riesgos climáticos

Aunque inicialmente estos litigios se concentraron en países desarrollados, en los últimos años también se han extendido a regiones del sur global.

3.2 El caso Urgenda

Uno de los precedentes más influyentes en la litigación climática es el caso Urgenda Foundation v. State of the Netherlands. En esta demanda, una organización ambiental y un grupo de ciudadanos argumentaron que el gobierno neerlandés no estaba adoptando medidas suficientes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

En 2015, un tribunal de los Países Bajos dictaminó que el Estado tenía la obligación de reducir sus emisiones en al menos un 25 % respecto a los niveles de 1990, basándose en el deber del gobierno de proteger a sus ciudadanos frente a riesgos climáticos.

Este fallo fue posteriormente confirmado por el Tribunal Supremo neerlandés, consolidando la idea de que la acción climática puede ser exigida judicialmente como una obligación jurídica del Estado.

3.3 El caso Neubauer

Otro caso relevante es Neubauer v. Germany, en el cual jóvenes demandantes impugnaron la legislación climática alemana por considerarla insuficiente para proteger sus derechos fundamentales.

En 2021, el Tribunal Constitucional alemán determinó que la ley climática existente trasladaba una carga desproporcionada a las generaciones futuras, ya que no establecía reducciones de emisiones suficientemente ambiciosas para las décadas posteriores.

El tribunal ordenó al gobierno alemán revisar la legislación climática para garantizar una trayectoria más clara de reducción de emisiones a largo plazo.

3.4 El caso Juliana

En Estados Unidos, el caso Juliana v. United States ha atraído una atención considerable. En esta demanda, un grupo de jóvenes argumentó que el gobierno federal había vulnerado sus derechos constitucionales al no proteger el sistema climático del que depende la vida humana.

Aunque el proceso judicial ha enfrentado numerosos obstáculos procesales, el caso ha contribuido a situar el debate sobre los derechos climáticos en el centro de la discusión jurídica estadounidense.

3.5 Eficacia implementadora de las decisiones judiciales

La eficacia de los litigios climáticos como mecanismo de gobernanza depende en gran medida de la capacidad de los sistemas jurídicos para implementar las decisiones judiciales.

En algunos países con sistemas judiciales fuertes y altos niveles de independencia institucional, las sentencias pueden obligar efectivamente a los gobiernos a modificar sus políticas climáticas. Sin embargo, en otros contextos políticos o institucionales, las decisiones judiciales pueden enfrentarse a dificultades de implementación.

La efectividad de estos fallos también depende de factores como:

• el diseño institucional del sistema judicial
• la capacidad administrativa del Estado
• el apoyo político y social a la acción climática

3.6 Judicialización de la gobernanza climática

El crecimiento de los litigios climáticos refleja una tendencia más amplia hacia la judicialización de la gobernanza ambiental. Cuando los procesos legislativos o ejecutivos no responden adecuadamente a ciertos problemas públicos, los tribunales pueden convertirse en espacios donde se redefinen las responsabilidades del Estado.

Esta dinámica plantea preguntas importantes sobre el equilibrio entre poderes en los sistemas democráticos. Mientras algunos consideran que los tribunales desempeñan un papel esencial en la protección de derechos frente a la inacción política, otros advierten que una excesiva judicialización podría desplazar decisiones que deberían adoptarse mediante procesos democráticos.

En cualquier caso, la litigación climática ha introducido una nueva dimensión en la gobernanza del clima, demostrando que los tribunales pueden influir significativamente en la orientación de las políticas climáticas nacionales e internacionales.

4. Justicia climática y distribución de cargas

Uno de los aspectos más complejos y políticamente sensibles de la gobernanza climática global es la cuestión de cómo deben distribuirse las responsabilidades y los costos asociados a la mitigación y adaptación al cambio climático. Desde las primeras negociaciones internacionales sobre clima, este debate ha estado marcado por el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, que reconoce que todos los países comparten la responsabilidad de proteger el sistema climático, pero que sus obligaciones deben diferir en función de sus circunstancias históricas, económicas y tecnológicas.

Este principio quedó formalmente incorporado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático adoptada en 1992. En aquel momento, el régimen climático distinguía claramente entre países industrializados, responsables de la mayor parte de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero, y países en desarrollo, cuyas emisiones eran relativamente bajas y cuyas prioridades estaban vinculadas al crecimiento económico y la reducción de la pobreza.

4.1 Transformación del panorama de emisiones

Desde la década de 1990, el panorama global de emisiones ha cambiado de forma significativa. El crecimiento económico acelerado de varias economías emergentes ha alterado la distribución geográfica de las emisiones de carbono.

Países como China y India han experimentado un aumento sustancial en sus emisiones totales debido a su rápido desarrollo industrial y al crecimiento de su población y consumo energético. Al mismo tiempo, muchas economías industrializadas han estabilizado o reducido parcialmente sus emisiones mediante mejoras tecnológicas y políticas de transición energética.

Este cambio ha generado tensiones en torno a la interpretación contemporánea del principio de responsabilidades diferenciadas.

4.2 Responsabilidad histórica

Uno de los argumentos centrales en el debate sobre justicia climática se basa en la responsabilidad histórica por las emisiones acumuladas desde la revolución industrial. Los países industrializados han emitido la mayor parte de los gases de efecto invernadero presentes actualmente en la atmósfera.

Desde esta perspectiva, se sostiene que las economías desarrolladas tienen una obligación moral y política de asumir una mayor parte del esfuerzo global de mitigación, así como de proporcionar apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo.

Sin embargo, algunos países emergentes argumentan que el enfoque exclusivo en emisiones históricas no refleja adecuadamente las realidades actuales del sistema energético global.

4.3 Capacidad económica y tecnológica

Otro criterio relevante en la distribución de responsabilidades climáticas es la capacidad económica y tecnológica de los Estados para implementar políticas de mitigación y adaptación.

Las economías más avanzadas disponen generalmente de mayores recursos financieros, infraestructura tecnológica y capacidad institucional para transformar sus sistemas energéticos. En contraste, muchos países en desarrollo enfrentan limitaciones significativas en términos de financiación, acceso a tecnología y resiliencia institucional.

Este argumento ha sido central en las negociaciones internacionales sobre financiación climática, que buscan facilitar la transición energética en países con menores recursos.

4.4 Vulnerabilidad climática

Además de las emisiones y la capacidad económica, otro factor importante es la vulnerabilidad de los países a los impactos del cambio climático. Muchas de las regiones más expuestas a fenómenos climáticos extremos —como pequeñas islas, regiones costeras o países con economías altamente dependientes de la agricultura— se encuentran entre las menos responsables de las emisiones globales.

Esta situación ha dado lugar a un fuerte debate sobre la necesidad de integrar criterios de vulnerabilidad en la distribución de responsabilidades climáticas.

Países particularmente vulnerables han defendido que el régimen climático internacional debe reconocer explícitamente su situación mediante mecanismos de apoyo financiero, transferencia tecnológica y cooperación internacional.

4.5 Hacia un índice compuesto de equidad climática

Ante la complejidad de estos factores, algunos investigadores han propuesto la creación de índices compuestos que integren distintos criterios para evaluar la responsabilidad climática de los países.

Un índice de este tipo podría combinar variables como:

• emisiones históricas acumuladas
• emisiones actuales per cápita
• capacidad económica medida mediante indicadores de desarrollo
• nivel de vulnerabilidad climática

La utilización de indicadores multidimensionales permitiría abordar la distribución de responsabilidades de forma más equilibrada y adaptada a la realidad contemporánea.

4.6 Tensiones políticas en la justicia climática

A pesar de los intentos de desarrollar criterios más sofisticados de equidad climática, el debate sobre la distribución de cargas sigue siendo uno de los aspectos más conflictivos de las negociaciones internacionales.

Las divergencias entre países industrializados, economías emergentes y países vulnerables reflejan no solo diferencias en responsabilidades históricas, sino también intereses económicos y estratégicos divergentes.

En este contexto, la justicia climática no es únicamente un problema técnico de cálculo de responsabilidades, sino también una cuestión profundamente política que influye en la viabilidad de cualquier acuerdo climático global.

5. Geoingeniería y gobernanza de tecnologías emergentes

El creciente reconocimiento de la insuficiencia de los esfuerzos globales de mitigación ha llevado a algunos científicos y responsables políticos a considerar tecnologías capaces de modificar deliberadamente el sistema climático global. Estas estrategias, conocidas colectivamente como geoingeniería climática, buscan intervenir a gran escala en los procesos físicos del sistema climático para limitar el aumento de la temperatura global.

Entre las distintas propuestas existentes, una de las más debatidas es la gestión de la radiación solar (Solar Radiation Management, SRM), un conjunto de técnicas destinadas a reflejar una pequeña fracción de la radiación solar entrante con el fin de reducir el calentamiento del planeta. Aunque estas tecnologías aún se encuentran en fases experimentales o conceptuales, su posible desarrollo plantea desafíos regulatorios sin precedentes para el sistema de gobernanza internacional.

5.1 Conceptos básicos de la geoingeniería solar

Las propuestas de geoingeniería solar se basan en la idea de aumentar la reflectividad del planeta (albedo) para disminuir la cantidad de energía solar absorbida por la superficie terrestre.

Entre las técnicas más discutidas se encuentran:

• inyección de aerosoles estratosféricos, que imitaría los efectos de enfriamiento observados tras grandes erupciones volcánicas
• brillo de nubes marinas, mediante la dispersión de partículas que aumenten la reflectividad de las nubes
• modificación de cirros, orientada a alterar la dinámica radiativa de la atmósfera superior

Aunque los modelos climáticos sugieren que algunas de estas técnicas podrían reducir temporalmente la temperatura global, también existen importantes incertidumbres sobre sus efectos secundarios.

5.2 Riesgos científicos y ambientales

Las tecnologías de geoingeniería solar presentan riesgos potenciales asociados a la complejidad del sistema climático. Entre los posibles efectos secundarios se han identificado:

• alteraciones en los patrones de precipitación regional
• impactos en sistemas monzónicos
• cambios en la dinámica de corrientes atmosféricas y oceánicas

Además, la interrupción abrupta de una intervención de geoingeniería —lo que algunos investigadores denominan “shock de terminación”— podría provocar un aumento rápido de las temperaturas si las concentraciones de gases de efecto invernadero permanecieran elevadas.

Estas incertidumbres científicas hacen que muchos expertos consideren la geoingeniería solar como una opción de alto riesgo y difícil reversibilidad.

5.3 Vacíos en el marco jurídico internacional

El desarrollo potencial de tecnologías de geoingeniería plantea preguntas fundamentales sobre la capacidad del sistema jurídico internacional para regular intervenciones con efectos planetarios.

Existen algunos instrumentos jurídicos que podrían ser parcialmente relevantes, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica o la Convención sobre la Prohibición de Técnicas de Modificación Ambiental. Sin embargo, estos acuerdos no fueron diseñados específicamente para abordar tecnologías de modificación deliberada del clima global.

En consecuencia, el marco jurídico existente presenta lagunas importantes en relación con la gobernanza de la geoingeniería.

5.4 Problemas de gobernanza global

La geoingeniería plantea desafíos de gobernanza particularmente complejos debido a la naturaleza global y potencialmente asimétrica de sus efectos.

Entre los principales problemas se encuentran:

• externalidades transfronterizas, ya que las intervenciones en el clima podrían afectar a regiones que no participaron en la decisión de implementarlas
• riesgo de acción unilateral, si un Estado o grupo de Estados decidiera aplicar tecnologías de geoingeniería sin consenso internacional
• dificultad de atribución de impactos, dado que el sistema climático es altamente complejo

Estos factores plantean interrogantes sobre quién debería tener autoridad para decidir sobre intervenciones climáticas globales.

5.5 Propuestas de gobernanza preventiva

Ante estos desafíos, diversos académicos y organizaciones internacionales han propuesto establecer marcos de gobernanza preventiva antes de que las tecnologías de geoingeniería se desarrollen plenamente.

Entre las propuestas más discutidas se encuentran:

• establecimiento de moratorias internacionales sobre despliegues a gran escala
• creación de mecanismos internacionales de evaluación científica de riesgos
• desarrollo de protocolos de investigación transparentes y supervisados

Estas medidas buscan evitar que la geoingeniería se convierta en una herramienta utilizada sin un marco regulatorio adecuado.

5.6 ¿Tecnología de emergencia o distracción política?

El debate sobre la geoingeniería también tiene una dimensión política importante. Algunos investigadores consideran que estas tecnologías podrían convertirse en herramientas de último recurso en escenarios de calentamiento extremo. Otros advierten que el simple desarrollo de geoingeniería podría reducir los incentivos políticos para implementar reducciones de emisiones ambiciosas.

Esta preocupación, conocida como “riesgo moral climático”, sugiere que la expectativa de soluciones tecnológicas futuras podría debilitar los esfuerzos actuales de mitigación.

En este contexto, la geoingeniería no solo plantea desafíos científicos y tecnológicos, sino también preguntas fundamentales sobre la gobernanza global de tecnologías capaces de alterar deliberadamente el sistema climático del planeta.

6. Pérdidas y daños más allá de la adaptación

Uno de los debates más sensibles dentro de la gobernanza climática contemporánea gira en torno al reconocimiento de las pérdidas y daños derivados de los impactos del cambio climático. A diferencia de las políticas de mitigación —orientadas a reducir las emisiones— o de las estrategias de adaptación —destinadas a disminuir la vulnerabilidad de las sociedades— el concepto de pérdidas y daños se refiere a impactos climáticos que ya no pueden evitarse ni adaptarse plenamente.

Estos impactos incluyen fenómenos como la destrucción de infraestructuras por eventos climáticos extremos, la pérdida irreversible de territorios costeros debido al aumento del nivel del mar, o la degradación de ecosistemas de los que dependen comunidades enteras. Para muchos países particularmente vulnerables, especialmente pequeños Estados insulares y naciones con economías altamente expuestas a riesgos climáticos, el reconocimiento de estas pérdidas representa una cuestión central de justicia climática.

6.1 Origen del debate sobre pérdidas y daños

La discusión sobre pérdidas y daños surgió progresivamente dentro de las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático durante las primeras décadas del siglo XXI. Países altamente vulnerables argumentaban que incluso con políticas de mitigación ambiciosas y estrategias de adaptación eficaces, algunos impactos climáticos serían inevitables.

Durante muchos años, este tema fue objeto de intensas tensiones diplomáticas. Algunos países industrializados temían que el reconocimiento formal de pérdidas y daños pudiera abrir la puerta a reclamaciones jurídicas relacionadas con responsabilidad histórica por las emisiones de gases de efecto invernadero.

6.2 El mecanismo de Varsovia

Un paso importante en la institucionalización del concepto fue la creación del Mecanismo Internacional de Varsovia para Pérdidas y Daños en 2013. Este mecanismo buscaba mejorar la comprensión de los impactos climáticos extremos y facilitar la cooperación internacional para abordarlos.

Sin embargo, durante varios años el mecanismo se centró principalmente en el intercambio de conocimientos y en la coordinación técnica, sin incluir instrumentos financieros significativos para compensar a los países afectados.

6.3 Creación del fondo de pérdidas y daños

Un cambio importante se produjo durante la conferencia climática COP27, celebrada en 2022, donde los Estados acordaron establecer un fondo internacional específico para pérdidas y daños. Este compromiso fue posteriormente desarrollado en la conferencia COP28, en la que se definieron algunos de los aspectos institucionales del nuevo mecanismo financiero.

La creación de este fondo fue considerada por muchos países vulnerables como un avance significativo en el reconocimiento de la dimensión distributiva del cambio climático.

6.4 Fuentes de financiación

Uno de los desafíos más importantes del nuevo fondo es determinar quién debe contribuir a su financiación. Tradicionalmente, los países industrializados han sido considerados los principales responsables de aportar recursos financieros en el marco del régimen climático internacional.

Sin embargo, la evolución del panorama global de emisiones ha generado debates sobre si algunas economías emergentes con altos niveles de emisiones actuales deberían también participar en la financiación del fondo.

La definición de criterios claros para la contribución financiera constituye uno de los principales retos políticos del mecanismo.

6.5 Definición de pérdidas y daños

Otro desafío importante es la definición precisa de qué constituye una pérdida o daño climático. Los impactos climáticos pueden manifestarse de diversas formas, incluyendo:

• daños materiales a infraestructuras
• pérdidas económicas derivadas de eventos climáticos extremos
• desplazamiento de poblaciones
• desaparición de territorios habitables
• pérdida de patrimonio cultural o ecosistemas

La inclusión de estos distintos tipos de daños plantea cuestiones complejas sobre cómo evaluar y cuantificar los impactos climáticos.

6.6 Transformación de la arquitectura financiera climática

El desarrollo de mecanismos financieros destinados a abordar pérdidas y daños podría transformar profundamente la arquitectura de financiación climática global. Hasta ahora, gran parte de los recursos internacionales se han concentrado en proyectos de mitigación y adaptación.

La institucionalización de un fondo específico introduce una tercera dimensión en la financiación climática: la compensación por impactos inevitables.

Este cambio refleja una evolución importante en la forma en que la comunidad internacional conceptualiza la gobernanza climática. El debate ya no se centra únicamente en prevenir el cambio climático o en adaptarse a sus efectos, sino también en cómo gestionar las consecuencias irreversibles de un fenómeno que ya está transformando profundamente las sociedades y los ecosistemas del planeta.

Conclusión

La gobernanza climática del siglo XXI se caracteriza por una transformación profunda de las estructuras tradicionales de cooperación internacional. Frente a un problema global cuya escala supera las capacidades de cualquier Estado individual, la comunidad internacional ha desarrollado una arquitectura institucional compleja que combina acuerdos multilaterales, iniciativas transnacionales, mecanismos judiciales, instrumentos financieros y debates emergentes sobre nuevas tecnologías climáticas.

El régimen climático posterior al Acuerdo de París representa un cambio significativo respecto a los modelos anteriores de gobernanza ambiental. El sistema basado en contribuciones determinadas a nivel nacional ha logrado incorporar prácticamente a todos los países del mundo dentro de un marco común de acción climática. Sin embargo, este enfoque también plantea interrogantes sobre su capacidad para generar reducciones de emisiones suficientemente ambiciosas como para cumplir los objetivos científicos de estabilización climática.

Al mismo tiempo, la gobernanza climática se ha expandido más allá del ámbito estrictamente interestatal. La participación de ciudades, empresas, redes transnacionales y organizaciones de la sociedad civil ha dado lugar a una estructura policéntrica y multinivel, en la que múltiples actores participan simultáneamente en la formulación e implementación de políticas climáticas. Este fenómeno ha ampliado el campo de acción frente al cambio climático, aunque también ha generado desafíos relacionados con la coordinación y coherencia institucional.

En paralelo, el crecimiento de los litigios climáticos ha introducido una nueva dimensión en la gobernanza ambiental, en la que los tribunales se convierten en espacios donde se redefinen las responsabilidades de los Estados y de otros actores frente a la crisis climática. Estas dinámicas reflejan una creciente judicialización de la política climática que plantea preguntas importantes sobre el equilibrio entre los distintos poderes del Estado en la toma de decisiones ambientales.

La cuestión de la justicia climática continúa siendo uno de los ejes centrales del debate internacional. La distribución de responsabilidades entre países industrializados, economías emergentes y naciones particularmente vulnerables refleja tensiones históricas relacionadas con emisiones acumuladas, capacidades económicas y niveles de exposición a los impactos del cambio climático. La evolución de estos debates será determinante para la viabilidad política de cualquier régimen climático global.

A estos desafíos se suman nuevas cuestiones relacionadas con la gobernanza de tecnologías emergentes como la geoingeniería solar. La posibilidad de intervenir deliberadamente en el sistema climático plantea interrogantes regulatorios sin precedentes sobre quién debería tener autoridad para tomar decisiones con potenciales consecuencias planetarias.

Finalmente, la institucionalización de mecanismos destinados a abordar pérdidas y daños climáticos refleja un reconocimiento creciente de que algunos impactos del cambio climático ya son inevitables. El desarrollo de instrumentos financieros para compensar estos efectos podría transformar la arquitectura de financiación climática internacional y redefinir las bases normativas del régimen climático global.

En conjunto, la gobernanza del clima en el siglo XXI se encuentra en una fase de transición caracterizada por la coexistencia de múltiples enfoques institucionales, jurídicos y políticos. Este sistema híbrido refleja tanto la complejidad del desafío climático como las limitaciones inherentes a la cooperación internacional en un mundo geopolíticamente fragmentado.

La cuestión fundamental que permanece abierta es si esta arquitectura de gobernanza —diversa, flexible y policéntrica— será capaz de coordinar una respuesta global suficientemente rápida y ambiciosa para enfrentar la magnitud del cambio climático, o si las tensiones estructurales del sistema internacional continuarán limitando la eficacia de la acción colectiva frente a uno de los mayores desafíos de nuestra era.

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