EL PODER DE LAS CORPORACIONES TECNOLÓGICAS

 COMO CUASI-ESTADOS

Introducción

En el siglo XXI, el poder ya no se ejerce únicamente desde territorios físicos delimitados, ejércitos nacionales o parlamentos soberanos. Ha emergido una nueva forma de autoridad, difusa pero extremadamente eficaz, encarnada en las grandes corporaciones tecnológicas. Estas entidades no se proclaman Estados, no izan banderas ni reclaman soberanía formal; sin embargo, ejercen funciones clásicamente estatales: regulan conductas, administran justicia interna, controlan infraestructuras críticas, recaudan rentas, gestionan datos vitales y moldean la percepción colectiva de la realidad. Estamos ante el ascenso de cuasi-estados funcionales.

Plataformas globales como Meta, Google, Amazon o Microsoft han construido ecosistemas cerrados que operan como territorios digitales con normas propias, ciudadanía jerarquizada y sistemas de sanción algorítmica. En paralelo, empresas como SpaceX controlan infraestructuras estratégicas —satélites, comunicaciones, acceso a la conectividad— de las que dependen directamente Estados enteros. El resultado es una redistribución silenciosa del poder soberano, donde la capacidad de decisión se desplaza desde las instituciones públicas hacia arquitecturas privadas globales.

Este fenómeno desafía los pilares del orden político moderno surgido tras Westfalia. La soberanía ya no es exclusivamente territorial; la coerción ya no es solo física; la ciudadanía ya no se define únicamente por la pertenencia nacional. En su lugar, emerge una soberanía algorítmica, ejercida mediante términos de servicio, diseño de plataformas, control de flujos de información y dependencia tecnológica estructural. No se trata de una conspiración ni de una anomalía, sino de una evolución sistémica derivada de la concentración de datos, capital e infraestructura en manos privadas.

El artículo analiza este desplazamiento de poder desde una perspectiva estructural y no moralizante. La cuestión central no es si las corporaciones tecnológicas “quieren” gobernar, sino qué tipo de poder están ejerciendo de facto, con qué mecanismos, y qué consecuencias tiene esto para la democracia, la soberanía estatal y la autonomía individual. Para ello, el análisis se articula en seis partes interconectadas:

1. Territorios sin suelo: soberanía digital y ciudadanía algorítmica
2. Infraestructura como arma geopolítica: cuando la nube sustituye al territorio
3. Diplomacia sin bandera: las corporaciones como actores internacionales
4. Economías cerradas y fiscalidad privada: el desafío al monopolio del Estado
5. Bioseguridad privatizada: salud pública en manos de infraestructuras corporativas
6. Soberanía narrativa: quién gobierna la realidad en la era algorítmica

A lo largo de estas seis dimensiones, se mostrará cómo las grandes corporaciones tecnológicas no han sustituido al Estado, pero sí lo han rodeado, condicionado y, en algunos ámbitos, superado funcionalmente. Comprender esta transformación no es una opción académica: es una necesidad política e intelectual para interpretar el presente.

1. Territorios sin suelo: soberanía digital y ciudadanía algorítmica

Las grandes plataformas tecnológicas han construido algo que, hasta hace poco, parecía conceptualmente imposible: territorios sin geografía. Espacios no físicos donde millones —a veces miles de millones— de personas viven parte sustancial de su vida social, económica y simbólica, sometidas a normas que no han votado, aplicadas por autoridades que no pueden destituir y ejecutadas por sistemas automáticos sin rostro. Este es el núcleo de la soberanía digital.

Plataformas como Meta, X o TikTok funcionan como ecosistemas jurídicos cerrados. En ellos existen reglas de conducta (términos de servicio), órganos de control (moderación humana y algorítmica), procedimientos de sanción (suspensión, shadow banning, desmonetización) y, en algunos casos, instancias cuasi-judiciales de apelación. Todo ello opera a escala global, con una rapidez y eficacia que muchos Estados no pueden igualar.

Aquí aparece una noción clave: ciudadanía algorítmica. El estatus del usuario no es uniforme. Existen jerarquías internas: cuentas verificadas, creadores “partner”, anunciantes preferentes, usuarios monetizados, perfiles invisibilizados. Los derechos —visibilidad, alcance, monetización, incluso la posibilidad de hablar— no son iguales para todos y pueden modificarse unilateralmente. No se trata de ciudadanía jurídica en sentido clásico, pero sí de una pertenencia funcional que condiciona oportunidades económicas, reputación social y capacidad de influencia.

A diferencia del Estado moderno, esta soberanía no se fundamenta en el monopolio de la violencia física, sino en algo más sutil y, en muchos casos, más eficaz: el control del entorno. El diseño de la plataforma, los incentivos, los algoritmos de visibilidad y las reglas de interacción configuran el comportamiento sin necesidad de coerción explícita. La obediencia no se impone: se optimiza.

Este modelo introduce una ruptura profunda con la soberanía westfaliana. La jurisdicción ya no depende del territorio nacional, sino del acceso a la plataforma. Un contenido puede ser legal según la ley de un Estado y, aun así, ser eliminado globalmente por violar normas privadas. En la práctica, la plataforma precede, corrige o anula al ordenamiento jurídico estatal en el espacio digital.

La lealtad del “ciudadano-usuario” también se redefine. No se dirige a una nación, sino a un ecosistema de beneficios: visibilidad, comunidad, ingresos, identidad digital. Abandonar la plataforma puede implicar una forma de exilio social o económico. Este fenómeno recuerda menos al Estado-nación y más a entidades imperiales o feudales, donde la pertenencia se basa en protección y privilegios, no en derechos universales.

Así, las plataformas no son simples intermediarias tecnológicas. Son espacios soberanos funcionales, con capacidad real para definir conductas, identidades y trayectorias vitales. No gobiernan por decreto, pero ordenan la vida digital de una parte creciente de la humanidad.

2. Infraestructura como arma geopolítica: cuando la nube sustituye al territorio

Si en la era moderna el poder se asentaba sobre el control del territorio, en la era digital ese poder se desplaza hacia el control de la infraestructura invisible. Centros de datos, nubes de computación, cables submarinos y constelaciones de satélites forman hoy el sustrato material sobre el que funcionan los Estados, las economías y las comunicaciones. Quien controla esa infraestructura no necesita gobernar formalmente: condiciona la posibilidad misma de gobernar.

Corporaciones como Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud alojan sistemas críticos de administraciones públicas, bancos, hospitales, fuerzas de seguridad, medios de comunicación y procesos electorales. La dependencia no es marginal: es estructural. Migrar fuera de estas plataformas implica costes técnicos, económicos y temporales que muchos Estados no pueden asumir sin poner en riesgo su funcionamiento básico.

Esta concentración convierte a la nube en un recurso geopolítico. La capacidad de restringir servicios, modificar condiciones de acceso o priorizar determinados flujos de datos otorga a estas corporaciones un poder de negociación asimétrico frente a los gobiernos. No se trata necesariamente de decisiones arbitrarias; basta con que el marco contractual privado prevalezca sobre la legislación nacional para que la soberanía estatal quede, en la práctica, subordinada.

A esta dimensión se suma el control de las infraestructuras de conectividad global. Cables submarinos —responsables de más del 95 % del tráfico internacional de datos— y redes de telecomunicaciones de nueva generación están cada vez más financiados, operados o condicionados por actores privados. El espacio digital, lejos de ser etéreo, descansa sobre rutas físicas cuya interrupción puede aislar países enteros sin disparar un solo tiro.

El caso de las constelaciones satelitales introduce un salto cualitativo. Sistemas como Starlink, operados por SpaceX, proporcionan conectividad directa, independiente de infraestructuras terrestres nacionales. Esto los convierte en herramientas decisivas en contextos de conflicto, catástrofes o colapso estatal. Cuando la continuidad de comunicaciones militares, civiles o humanitarias depende de la voluntad operativa de una empresa, la frontera entre proveedor y actor estratégico se diluye.

Este escenario da lugar a lo que puede denominarse neo-feudalismo tecnológico. Los Estados no pierden formalmente su soberanía, pero la arriendan funcionalmente. Pagan por acceder a infraestructuras que no controlan, bajo reglas que no definen y con capacidad limitada de supervisión. A cambio, obtienen estabilidad operativa, escalabilidad y eficiencia; el precio es una dependencia sistémica.

La clave no está en la intención de las corporaciones, sino en la asimetría de poder creada por la concentración de infraestructuras críticas. En la práctica, la nube sustituye al territorio como espacio decisivo de control. Y cuando la infraestructura se convierte en arma geopolítica, la soberanía deja de ser un atributo absoluto para transformarse en una variable negociada.

3. Diplomacia sin bandera: las corporaciones como actores internacionales

En el escenario internacional contemporáneo, la diplomacia ya no es un monopolio exclusivo de los Estados. Junto a embajadas, cancillerías y organismos multilaterales, ha emergido una forma paralela de acción exterior: la diplomacia corporativa. Grandes empresas tecnológicas negocian directamente con gobiernos, condicionan políticas públicas y participan en decisiones estratégicas que afectan a derechos, seguridad y soberanía. No representan a una nación, pero defienden intereses con alcance global.

Empresas como Apple, Google o Microsoft mantienen relaciones bilaterales estables con Estados, comparables en muchos aspectos a las de una misión diplomática permanente. Sus directivos se reúnen con jefes de gobierno, ministros y reguladores para negociar marcos fiscales, acceso a mercados, condiciones de censura, protección de datos o cooperación tecnológica. Estas interacciones no son simbólicas: tienen efectos normativos reales.

Un ejemplo paradigmático es la relación entre Apple y China. Para mantener el acceso a uno de sus mercados clave, la empresa ha aceptado condiciones que incluyen la localización de datos, la retirada de aplicaciones sensibles y la adaptación a marcos regulatorios que entrarían en conflicto con estándares occidentales de libertad de expresión. Aquí, la empresa no actúa como súbdita de un Estado, sino como actor negociador autónomo, capaz de equilibrar principios, beneficios y riesgos reputacionales.

En el ámbito regulatorio, las grandes tecnológicas han mantenido una relación compleja con la Unión Europea. Demandas judiciales, negociaciones sobre competencia, privacidad y fiscalidad, y presiones cruzadas han convertido a estas empresas en interlocutores estructurales de la política europea. No se limitan a cumplir normas: intentan influir en su diseño, alcance y aplicación, utilizando recursos legales y económicos comparables a los de muchos Estados medianos.

La dimensión geopolítica se hace aún más evidente en contextos de conflicto. El papel de SpaceX, a través de su red satelital Starlink, durante la guerra en Ucrania mostró hasta qué punto una empresa privada puede convertirse en actor estratégico decisivo. La continuidad de comunicaciones civiles y militares dependió, en momentos críticos, de decisiones corporativas tomadas fuera de cualquier marco democrático estatal. La empresa no inició ni dirigió el conflicto, pero influyó directamente en su desarrollo operativo.

Esta diplomacia sin bandera introduce una ambigüedad profunda. Las corporaciones no están sujetas a las mismas obligaciones que los Estados: no rinden cuentas ante parlamentos, no responden a electorados y no están limitadas por fronteras políticas. Sin embargo, su capacidad de acción exterior es comparable —y en algunos casos superior— a la de muchos países. Actúan como embajadas de sí mismas, con agendas propias y una flexibilidad estratégica que los Estados difícilmente pueden igualar.

El resultado es un sistema internacional híbrido, donde la política exterior ya no se articula solo entre naciones, sino entre Estados y entidades privadas soberanas de facto. Esta transformación no elimina la diplomacia tradicional, pero la descentra, obligándola a coexistir con actores que no buscan poder político formal, pero ejercen un poder real sobre decisiones globales.

4. Economías cerradas y fiscalidad privada: el desafío al monopolio del Estado

Uno de los pilares históricos del Estado moderno ha sido el monopolio de la moneda y de la recaudación fiscal. Controlar qué circula como valor, quién puede intercambiarlo y bajo qué reglas se grava ha sido siempre una expresión central de soberanía. Sin embargo, los grandes ecosistemas tecnológicos han comenzado a erosionar este principio mediante la creación de economías digitales cerradas, donde el valor se genera, circula y se extrae bajo normas privadas.

Empresas como Apple, Amazon o Meta no solo intermedian transacciones: diseñan mercados completos. En estos entornos, la empresa actúa simultáneamente como regulador, banco central, recaudador y árbitro. El caso del ecosistema Apple es ilustrativo: el App Store constituye un espacio económico donde toda transacción digital está sujeta a reglas propias y a una comisión fija —habitualmente del 30 %— que funciona, en la práctica, como un impuesto privado.

Este “impuesto” no es negociado democráticamente ni recaudado por una autoridad pública, pero cumple funciones análogas a las fiscales: extrae valor sistemático, financia la infraestructura del sistema y consolida el poder del ente recaudador. Para millones de desarrolladores y empresas, operar fuera de este marco no es una opción realista. La frontera digital del ecosistema se comporta como una aduana invisible, donde entrar implica aceptar una soberanía económica ajena.

A ello se suma la proliferación de instrumentos monetarios corporativos: créditos internos, wallets integradas, sistemas de pago propietarios y, en algunos casos, proyectos de monedas digitales. Aunque no sustituyen plenamente a las monedas nacionales, estos mecanismos reducen la necesidad de interactuar con el sistema financiero estatal, desplazando transacciones, datos y comisiones hacia circuitos privados. El Estado conserva la moneda legal, pero pierde visibilidad y control sobre parte del flujo económico real.

El problema no es únicamente recaudatorio, sino estructural. En una economía cerrada, la empresa decide quién puede generar ingresos, bajo qué condiciones y con qué grado de estabilidad. Cambios unilaterales en algoritmos, comisiones o políticas de monetización pueden arruinar modelos de negocio enteros sin recurso efectivo. Esta capacidad de alterar el destino económico de millones de actores recuerda más al poder de un soberano que al de un simple intermediario de mercado.

Desde una perspectiva histórica, este fenómeno se asemeja a formas de fiscalidad señorial o de economías concesionadas, donde la autoridad política permitía a ciertos actores extraer rentas a cambio de mantener el sistema en funcionamiento. La diferencia es que, en el entorno digital, estas concesiones no han sido explícitamente otorgadas: han surgido por asimetría tecnológica, dependencia de red y captura de mercado.

Así, sin abolir formalmente la soberanía económica de los Estados, las corporaciones tecnológicas han construido espacios donde esa soberanía apenas opera. El resultado es un desdoblamiento del poder fiscal: uno público, cada vez más limitado en el ámbito digital, y otro privado, altamente eficiente, opaco y global.

5. Bioseguridad privatizada: salud pública en manos de infraestructuras corporativas

La pandemia de COVID-19 marcó un punto de inflexión silencioso en la relación entre Estado, tecnología y biopolítica. Ante una crisis sanitaria global que desbordó capacidades administrativas y logísticas, los Estados recurrieron —por necesidad— a infraestructuras privadas ya existentes. El resultado fue una transferencia funcional de competencias tradicionalmente públicas hacia corporaciones tecnológicas, especialmente en ámbitos críticos como la gestión de datos, la vigilancia sanitaria y la logística a gran escala.

Un caso paradigmático fue la Apple-Google Exposure Notification API, desarrollada conjuntamente por Apple y Google. Este sistema se convirtió en el estándar técnico global para aplicaciones de rastreo de contactos, condicionando de facto cómo los Estados podían implementar políticas de salud digital. Aunque su diseño incorporó salvaguardas de privacidad, la realidad política fue clara: sin la aprobación técnica de estas empresas, la política sanitaria digital era inviable.

De forma paralela, empresas como Palantir desempeñaron un papel central en el análisis masivo de datos sanitarios, modelización de contagios y optimización de recursos hospitalarios. Estas tareas —análisis epidemiológico, priorización de intervenciones, gestión de escenarios— son funciones clásicas del aparato estatal. Sin embargo, fueron ejecutadas mediante algoritmos propietarios, opacos para la ciudadanía y, en muchos casos, incluso para los propios gobiernos que los utilizaban.

La logística de la vacunación global reforzó aún más este patrón. Plataformas como Amazon aportaron capacidades de distribución, almacenamiento y optimización de cadenas de suministro que superaban ampliamente las de muchas administraciones públicas. En situaciones de emergencia, la eficiencia fue prioritaria; el coste fue una dependencia estructural en un ámbito tan sensible como la salud pública.

Este desplazamiento plantea una cuestión de fondo: ¿quién gobierna la bioseguridad cuando la infraestructura crítica es privada? La vigilancia sanitaria —seguimiento de contactos, movilidad, comportamiento poblacional— es una forma avanzada de biopoder, en el sentido foucaultiano. Cuando este poder se ejerce a través de plataformas corporativas, el control democrático se diluye. Las decisiones técnicas incorporan valores, prioridades y límites que no han sido deliberados públicamente.

No se trata de afirmar que estas empresas “usurparon” funciones estatales, sino de reconocer un fenómeno estructural: los Estados ya no poseen, por sí solos, la capacidad técnica para gestionar crisis complejas a escala global. La bioseguridad se convierte así en un servicio híbrido, donde lo público depende de lo privado para existir operativamente.

El riesgo no reside únicamente en la privacidad de los datos, sino en la normalización de este modelo. Si la próxima pandemia, crisis climática o emergencia biológica vuelve a requerir estas infraestructuras, el precedente ya está establecido: la salud colectiva dependerá de sistemas diseñados, gestionados y actualizados por entidades cuya responsabilidad última no es el interés público, sino la lógica corporativa.

Así, la bioseguridad emerge como una nueva frontera del poder cuasi-estatal tecnológico. Un ámbito donde la protección de la vida —núcleo histórico del contrato social— se apoya crecientemente en arquitecturas privadas globales, redefiniendo, una vez más, los límites de la soberanía.

Conclusión

El análisis del poder de las corporaciones tecnológicas como cuasi-estados revela una transformación profunda —y en gran medida silenciosa— del orden político contemporáneo. No asistimos a la desaparición del Estado, sino a su descentramiento funcional. Allí donde la soberanía clásica se apoyaba en territorio, ley y coerción, hoy emerge un poder distribuido que opera mediante infraestructura, datos, algoritmos y dependencia sistémica.

Las grandes corporaciones tecnológicas no gobiernan formalmente, pero ejercen funciones soberanas: definen normas de conducta, administran justicia interna, controlan infraestructuras críticas, recaudan rentas, intervienen en crisis sanitarias y moldean el campo narrativo donde se forma la opinión pública. Todo ello sin contrato social explícito, sin responsabilidad democrática directa y sin las limitaciones territoriales que históricamente acotaban el poder político.

Este nuevo tipo de poder no es ideológico en el sentido clásico; es arquitectónico. No impone obediencia por la fuerza, sino que la induce mediante diseño, dependencia y optimización. El ciudadano no es reprimido: es reconfigurado como usuario. La soberanía no se proclama: se ejerce por defecto, en la medida en que no existen alternativas viables fuera del ecosistema.

El resultado es un sistema híbrido e inestable. Los Estados conservan legitimidad formal, pero pierden capacidad operativa en ámbitos clave. Las corporaciones no buscan gobernar poblaciones, pero terminan ordenando la vida colectiva. Entre ambos surge una zona gris donde la rendición de cuentas se diluye y el poder se vuelve difícil de localizar, cuestionar o limitar.

La cuestión central ya no es si estas corporaciones son “buenas” o “malas”, sino qué ocurre cuando un poder de escala estatal no está sometido a mecanismos estatales de control. La historia muestra que el problema no es la concentración de poder en sí, sino su desconexión de la responsabilidad pública.

Comprender a las grandes tecnológicas como cuasi-estados no es un ejercicio retórico: es una herramienta analítica necesaria para pensar la soberanía, la democracia y la libertad en el siglo XXI. Porque si el poder ha cambiado de forma, también debe cambiar la forma en que lo pensamos, lo regulamos y lo limitamos.