ECONOMIA DE LA LONGEVIDAD

EL IMPACTO DE UNA VIDA UTIL MAS LARGA EN LOS SISTEMAS DE PENSIONES

INTRODUCCIÓN

Economía de la longevidad: cuando el tiempo se convierte en variable fiscal, social y biográfica

Europa —y buena parte del mundo desarrollado— está entrando en una era en la que la longevidad ya no es solo un logro biomédico, sino una fuerza tectónica que reconfigura presupuestos, mercados laborales, trayectorias vitales y pactos intergeneracionales. La prolongación de la vida útil de las sociedades exige repensar aquello que durante décadas dimos por estable: la jubilación, la relación entre años trabajados y años protegidos, la arquitectura financiera del Estado social y las promesas implícitas que sostienen la cohesión entre generaciones.
La economía de la longevidad nace precisamente en ese cruce donde la demografía se vuelve destino, la sostenibilidad fiscal se convierte en ecuación dinámica y las biografías humanas exceden los moldes previstos por instituciones diseñadas para un siglo con vidas más cortas y carreras laborales lineales.

En este marco, el artículo se adentra en el impacto profundo que una vida más larga ejerce sobre los sistemas de pensiones, entendidos como un ecosistema delicado que mezcla variables actuariales, comportamiento humano, políticas públicas, innovación financiera y horizontes tecnológicos que alteran la propia noción de trabajo. Todo ello bajo una mirada estructural y a la vez íntima: cómo cambian los números, pero también cómo cambia la experiencia de envejecer en sociedades que deben reorganizarse para sostener a sus ciudadanos durante más tiempo.

Para ordenar este análisis, el artículo se articula en seis partes, cada una abriendo una dimensión clave del fenómeno:

1. Sostenibilidad financiera y reformas estructurales.
2. Transición hacia modelos híbridos y capitalización.
3. Desigualdad en la longevidad y justicia intergeneracional.
4. Innovación financiera: bonos de longevidad y anualidades.
5. Envejecimiento activo y prolongación de la vida laboral.
6. Escenarios futuros y pensiones en la era de la automatización.

Cada parte es un punto de entrada a un sistema que se mueve, que se reajusta, que busca su equilibrio en un paisaje demográfico que avanza hacia edades inéditas para la humanidad. Este es, en el fondo, un estudio sobre cómo una sociedad decide distribuir tiempo, trabajo y seguridad cuando todos vivimos más. Y sobre cómo las instituciones, diseñadas para otra época, pueden reimaginarse sin quebrar el pacto que sostiene la dignidad en la vejez.

1. Sostenibilidad financiera y reformas estructurales

La sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones —especialmente los de reparto o pay-as-you-go, donde las cotizaciones de los trabajadores actuales financian las pensiones vigentes— se ha convertido en uno de los ejes críticos de la economía de la longevidad. A medida que la esperanza de vida aumenta y las cohortes del baby boom alcanzan la jubilación, el equilibrio entre contribuyentes y beneficiarios se estrecha hasta tensar la aritmética misma del sistema. El desafío no es nuevo, pero su intensidad actual es estructural: vivimos más, durante más años de retiro, y con carreras laborales menos continuas que las del siglo XX.

El diagnóstico fiscal es claro. La ratio de dependencia —número de personas mayores en relación con la población en edad de trabajar— crece con rapidez en Europa. En España se proyecta que supere el 60% a mediados de siglo. En modelos de reparto, este cambio demográfico implica que cada trabajador sostiene una carga creciente, y que las cuentas públicas absorben presiones de gasto que se prolongan durante décadas. La cuestión central ya no es si el sistema es sostenible en términos teóricos, sino qué transformaciones permiten preservar su viabilidad sin deteriorar la protección social ni empobrecer la vejez.

A escala internacional, tres grandes reformas estructurales han demostrado ser herramientas efectivas para contener tensiones:

1. Aumento gradual de la edad de jubilación

Es la reforma más extendida. Países como Alemania, Dinamarca o España han vinculado el retiro a los 67 años, ajustándolo al aumento de la esperanza de vida. El razonamiento actuarial es directo: si vivimos más, trabajamos más tiempo para mantener el equilibrio entre años cotizados y años percibidos. Sin embargo, su eficacia depende de la calidad del mercado laboral y de la salud de los trabajadores mayores. Sin oportunidades reales de empleo para los 55-69 años, la medida se queda en una ficción fiscal.

2. Ajustes automáticos ligados a la esperanza de vida

Suecia representa el modelo paradigmático. Su sistema notional defined contribution (NDC) integra un mecanismo de ajuste automático: cuando la esperanza de vida aumenta, el valor de la pensión inicial se modera proporcionalmente. Este diseño absorbe shocks demográficos sin necesidad de reformas legislativas continuas. El principio es similar al “factor de sostenibilidad” que España intentó aplicar, pero que quedó suspendido por motivos políticos.
El atractivo del NDC reside en su transparencia y en su capacidad para alinear incentivos: trabajar más y cotizar más produce pensiones más altas, de forma comprensible para el ciudadano.

3. Modificación de las fórmulas de cálculo de la pensión

La ampliación del período de cómputo de los salarios (por ejemplo, pasando de los mejores años a toda la vida laboral) tiende a reducir el coste del sistema y a reflejar de manera más fiel la trayectoria real de ingresos. Permite, además, mitigar distorsiones donde pocos años de salarios altos generan pensiones desproporcionadas.
España avanza hacia un modelo que combina los 25 años de cómputo con alternativas de elección; otros países, como Italia, ya aplican 100% del ciclo laboral. Son mecanismos que buscan reforzar la contributividad sin romper la solidaridad interna del sistema.

Una tensión invisible pero decisiva: sostenibilidad sin empobrecimiento

Toda reforma enfrenta un dilema estructural: cómo garantizar solvencia fiscal sin aumentar la pobreza en la vejez. La evidencia comparada muestra que las medidas más efectivas son aquellas que combinan ajustes actuariales con pisos mínimos de protección, financiados vía impuestos generales. Es el caso de Países Bajos o Canadá, donde las pensiones contributivas conviven con garantías universales que blindan la dignidad básica del ciudadano mayor, incluso en escenarios de reformas duras.

En este marco, la economía de la longevidad nos obliga a pensar no solo en números, sino en arquitectura institucional: un sistema de pensiones es una promesa colectiva que debe mantenerse cuando el tiempo cambia su escala. Lo que está en juego no es únicamente la contabilidad pública, sino la continuidad de un pacto intergeneracional que sostiene la cohesión de sociedades que viven más que nunca en su historia.

2. Transición hacia modelos híbridos y capitalización

La transición desde sistemas públicos de reparto hacia modelos mixtos —que combinan reparto, capitalización individual y pilares ocupacionales— constituye uno de los debates más complejos de la economía de la longevidad. No se trata solo de un rediseño financiero: implica reconfigurar la arquitectura del contrato social, redistribuir riesgos entre generaciones y redefinir la responsabilidad del Estado, del mercado y del propio individuo ante una vida que se alarga.

En los sistemas de reparto, la longevidad genera presión inmediata: más años de pensión y menos cotizantes por cada jubilado. En los sistemas de capitalización pura, el riesgo se desplaza hacia el individuo, que depende de su capacidad de ahorro, la evolución de los mercados y la calidad de los gestores financieros. Ningún modelo aislado parece suficiente ante sociedades envejecidas y trayectorias laborales discontinuas. Por ello, la mayor parte de países explora híbridos institucionales, buscando diversificar riesgos y anclar la sostenibilidad en mecanismos complementarios.

1. Viabilidad real de la transición en economías envejecidas

Migrar desde un sistema de reparto a otro basado en capitalización exige un doble financiamiento transitorio:

• seguir pagando las pensiones actuales,
• mientras cada trabajador ahorra para su propia pensión futura.

Este "coste de doble carga" ha demostrado ser el principal obstáculo, tanto fiscal como político. Chile, pionero en la capitalización obligatoria en 1981, asumió ese coste mediante endeudamiento y privatizaciones, pero décadas después enfrenta una insuficiencia generalizada de pensiones debido a lagunas de cotización, salarios bajos y una estructura de mercado insuficientemente regulada.
En Europa, países como Polonia o Hungría iniciaron transiciones hacia pilares de capitalización, pero las revirtieron ante el impacto fiscal. La conclusión comparada es clara: las transiciones abruptas son fiscalmente explosivas; las graduales, políticamente frágiles.

2. Riesgos fiscales, sociales y de mercado

La capitalización introduce riesgos que el reparto amortigua por diseño:

• Riesgo de mercado: volatilidad bursátil que afecta directamente al nivel de pensión acumulada.
• Riesgo de desigualdad: carreras laborales informales o fragmentadas producen pensiones muy inferiores.
• Riesgo de longevidad individual: si el pensionista vive más de lo previsto, agota su ahorro.
• Riesgo fiscal diferido: si las pensiones privadas son insuficientes, el Estado termina rescatando a las cohortes más afectadas.

Además, la transición perjudica especialmente a las cohortes de mediana edad con poco tiempo para acumular capital, generando una fractura generacional que se convierte en un fuerte coste político.

 3. El rol de los pilares privados y ocupacionales

En las economías más avanzadas, la respuesta dominante no ha sido sustituir el reparto, sino complementarlo:

• Pilar público de reparto: garantiza suficiencia básica y cohesión social.
• Pilar ocupacional (de empresa): aporta estabilidad y profesionalización en la gestión; funciona bien en países nórdicos, Reino Unido o Países Bajos.
• Pilar individual voluntario: útil para trabajadores de ingresos medios-altos, pero incapaz de sostener por sí solo la vejez para la mayoría de la población.

La evidencia empírica muestra que los sistemas más resilientes combinan reparto + capitalización obligatoria u ocupacional, pero con regulación estricta, comisiones bajas y mecanismos solidarios para compensar lagunas laborales.

4. ¿Es viable una transición en España?

España enfrenta dos límites estructurales:

• envejecimiento acelerado,
• precariedad y discontinuidad laboral que dificultan el ahorro a largo plazo.

Estos factores hacen inviable un paso hacia la capitalización pura, pero sí justifican reforzar pilares complementarios: planes de empleo, incentivos para aportaciones periódicas y un marco regulatorio que minimice comisiones y proteja al pequeño ahorrador.
El objetivo no es sustituir el reparto, sino desconcentrar el riesgo.

Un equilibrio delicado: diversificar sin fragmentar

El desafío de fondo no es técnico, sino político y ético:
¿cómo repartir el riesgo de longevidad en sociedades que viven más tiempo del previsto?
La respuesta parece converger en una idea estructural:
ningún actor —Estado, individuo o mercado— puede asumir solo la carga.
Los sistemas híbridos no son una renuncia al Estado social, sino su adaptación a un horizonte demográfico más largo, más incierto y más plural en trayectorias vitales.

3. Desigualdad en la longevidad y justicia intergeneracional

La longevidad no es un bien distribuido de manera uniforme. Aumenta en promedio, sí, pero no aumenta igual para todos. Los estudios comparados revelan que la esperanza de vida difiere significativamente según nivel socioeconómico, género, ocupación, región y trayectoria laboral acumulada. Esta desigualdad biográfica tiene un efecto directo sobre la justicia del sistema de pensiones: quienes viven menos años tienden a financiar, mediante sus cotizaciones, pensiones que disfrutarán más aquellos que viven más tiempo. El riesgo de longevidad, lejos de ser neutro, está atravesado por factores estructurales.

1. La brecha socioeconómica de la longevidad

En prácticamente todos los países desarrollados, la diferencia en esperanza de vida entre el quintil de ingresos más alto y el más bajo oscila entre 5 y 10 años, y en algunos casos supera los 12.

• Trabajos físicos o de alto desgaste reducen la longevidad.
• Ingresos más bajos se correlacionan con peor salud, alimentación y acceso a cuidados.
• Mayor precariedad laboral implica más estrés, mayor exposición a riesgos y menor capacidad de planificar la jubilación.

Estos factores generan carreras laborales más fragmentadas y cotizaciones más bajas, lo que a su vez produce pensiones más reducidas. La desigualdad se acumula en cada etapa del ciclo vital y se materializa en la vejez como un diferencial tanto de ingresos como de años vividos.

2. Diferencias de género: cuidados, brechas salariales y pensiones menores

Las mujeres viven más años, pero suelen hacerlo con pensiones menores debido a:

• interrupciones laborales por cuidados,
• mayor prevalencia del empleo parcial,
• brecha salarial persistente,
• menor acceso a planes ocupacionales.

Esta combinación produce un fenómeno paradójico: más longevidad, pero menos renta durante más tiempo, lo que aumenta la vulnerabilidad económica en la vejez.
Los sistemas de pensiones se ven obligados a corregir —o a ignorar— estas brechas estructurales, pero cada corrección tiene un coste fiscal y un efecto distributivo.

3. Desigualdad territorial: Norte–Sur, capital–periferia

Regiones con menor desarrollo económico presentan:

• mayor mortalidad temprana,
• mayores tasas de incapacidad laboral,
• menor densidad de empleo estable,
• menor acceso a servicios sanitarios avanzados.

En España, existe una brecha notable entre comunidades autónomas: territorios como Madrid o Navarra presentan esperanzas de vida más elevadas que Andalucía o Extremadura.
En el plano europeo, países nórdicos y mediterráneos muestran diferencias persistentes. Estas brechas implican que la redistribución geográfica forma parte inevitable del diseño pensional.

4. ¿Debe el sistema corregir estas desigualdades?

Aquí emerge el núcleo del debate:
¿es un sistema de pensiones un mecanismo actuarial estrictamente contributivo o una institución de justicia social?

Las posiciones se dividen en dos enfoques:

a) Enfoque actuarial puro

Cada individuo asume su riesgo de longevidad.
La fórmula sería: cotizaciones proporcionales + pensión proporcional; sin ajustes por situación social.
Este enfoque maximiza la solvencia, pero profundiza desigualdades acumuladas.

b) Enfoque solidario

El sistema reconoce que la longevidad desigual es un fenómeno estructural, no una “decisión individual”. Por tanto, introduce:

• complementos a mínimos,
• pensiones no contributivas,
• factores de corrección por lagunas de cotización,
• beneficios por cuidado familiar,
• mecanismos de redistribución territorial.

Este enfoque mejora la equidad, pero aumenta los costes del sistema y exige financiar la solidaridad mediante impuestos generales, no solo cotizaciones.

5. Desigualdad acumulativa: el mecanismo silencioso

Tal como sugerimos en la evaluación de prompts, la literatura subraya un concepto clave:
la desigualdad no aparece en la jubilación; llega allí después de años de acumulación diferencial.

• Trayectorias laborales discontinuas → bases de cotización bajas.
• Empleos de bajo valor añadido → salarios crónicamente reducidos.
• Sectores con alta rotación → poca posibilidad de ahorrar.
• Precariedad en la juventud → impacto que persiste décadas después.

La jubilación no corrige estas asimetrías: las refleja. Y, en muchos casos, las amplifica.

6. Justicia intergeneracional: el equilibrio difícil

El reto consiste en equilibrar tres exigencias que tiran en direcciones opuestas:

1. Sostenibilidad financiera: evitar que un exceso de solidaridad quiebre el sistema.
2. Equidad horizontal: tratar de forma comparable a quienes han contribuido de forma similar.
3. Equidad vertical: redistribuir para proteger a quienes han acumulado desventajas estructurales.

La economía de la longevidad obliga a pensar la jubilación como una fractura donde convergen trayectoria vital, estructura económica y diseño institucional. No se trata solo de cuánto vivimos, sino de quién puede vivir más, cómo y con qué recursos.

4. Innovación financiera: bonos de longevidad y anualidades

La prolongación de la vida no solo transforma la demografía: altera los cimientos actuariales y financieros sobre los que se construyen los sistemas de pensiones. La longevidad se convierte en un riesgo económico cuantificable, pero difícil de gestionar: si la población vive más de lo previsto, los pagos de pensiones se extienden y los sistemas —públicos y privados— acumulan tensiones que no habían sido incorporadas en sus proyecciones iniciales.
Aquí es donde emergen los instrumentos de innovación financiera diseñados para absorber, transferir o mutualizar el riesgo: bonos de longevidad, anualidades vitalicias, seguros de dependencia y otros productos actuariales. Su lógica es clara: crear un puente entre mercados financieros y riesgo demográfico real. Su adopción, sin embargo, avanza con lentitud.

 1. Bonos de longevidad: transformar un riesgo social en un activo financiero

Los bonos de longevidad son instrumentos cuya rentabilidad depende de la supervivencia futura de una población determinada.
Su función es permitir que gobiernos, aseguradoras y fondos de pensiones trasladen parte del riesgo de longevidad a inversores financieros dispuestos a asumirlo a cambio de una rentabilidad potencialmente mayor.

La idea surgió en la década de 2000 como respuesta a las crecientes desviaciones entre la longevidad esperada y la observada. Si la población vive más años de lo proyectado, los sistemas de pensiones sufren un déficit; pero con estos bonos, parte de ese impacto lo absorbe el mercado.
Sin embargo, los bonos de longevidad enfrentan limitaciones importantes:

• Falta de datos homogéneos y fiables para modelar correctamente la longevidad futura.
• Escasez de liquidez: sin un mercado secundario robusto, los inversores son reticentes a participar.
• Complejidad técnica: requieren modelos estocásticos avanzados (Lee-Carter, Cairns-Blake-Dowd) poco accesibles para inversores no especializados.

Los experimentos pioneros (como el bono emitido por BNP Paribas con el fondo de pensiones británico EIB en 2010) mostraron potencial, pero no consolidaron un mercado global.
La paradoja es evidente: el riesgo de longevidad existe y es enorme, pero aún no hemos logrado crear un mercado suficientemente profundo para absorberlo.

2. Anualidades vitalicias: asegurar ingresos de por vida en un horizonte incierto

Las anualidades vitalicias son quizá el instrumento clásico para combatir la incertidumbre de la longevidad. Permiten convertir un capital acumulado en un flujo de ingresos garantizado hasta el fallecimiento.

Su función es crítica:

• protegen a quienes temen agotar sus ahorros,
• estabilizan ingresos en entornos de volatilidad,
• facilitan planificación personal en edades avanzadas.

Pero su adopción masiva es baja, incluso en países con mercados financieros muy desarrollados. ¿Por qué?
Tres factores explican esta resistencia:

a) Barreras psicológicas (behavioral economics)

Las personas perciben la compra de una anualidad como “perder el control del capital”.
Además, la posibilidad de “morir pronto y no aprovecharla” genera rechazo emocional.

b) Tipos de interés persistentemente bajos

Décadas de tipos bajos han reducido el atractivo de las anualidades, al bajar las rentas que ofrecen.

c) Falta de confianza en aseguradoras y gestores

Sectores que no siempre han operado con transparencia plena.

Aun así, en países como Canadá, EE.UU. o Países Bajos, las anualidades constituyen un pilar fundamental del sistema, especialmente dentro de los planes de empleo.

3. Seguros de dependencia: el riesgo que la demografía vuelve estructural

La longevidad aumenta la probabilidad de necesitar cuidados de larga duración (Long-Term Care, LTC).
El riesgo, antes marginal, se ha convertido en estructural. En muchos países, el coste de la dependencia supera la pensión media, erosionando la estabilidad económica del hogar.

Los seguros de dependencia surgieron como un instrumento para financiar cuidados en fases avanzadas de la vida. Sin embargo, su desarrollo ha sido desigual:

• en EE.UU. el mercado ha colapsado parcialmente por errores de cálculo actuarial,
• en Japón y Alemania se han institucionalizado como pilares públicos obligatorios,
• en España, la dependencia se gestiona sobre todo vía sistema público, con financiación insuficiente.

La clave reside en una transformación conceptual: la dependencia ya no puede ser tratada como un riesgo marginal, sino como una parte intrínseca de la longevidad.

 4. ¿Por qué la adopción es tan baja si la necesidad es tan alta?

Existen tres grandes barreras sistémicas:

1. Regulatorias

La prudencia regulatoria limita la creación de mercados de riesgo nuevos, especialmente después de la crisis financiera de 2008.
Las autoridades temen que la financiarización del riesgo de longevidad genere vulnerabilidades sistémicas.

2. De mercado

Sin liquidez, sin estandarización internacional y con una base de inversores pequeña, los productos no escalan.

3. De comportamiento

La población subestima el riesgo de longevidad y sobreestima su capacidad de ahorro.
El resultado es que los productos actuarialmente útiles no encuentran demanda suficiente.

5. El fondo del asunto: la longevidad no es solo un riesgo individual, sino un riesgo sistémico

La economía de la longevidad exige innovación financiera, pero también un rediseño institucional que:

• combine reparto y mercado,
• ofrezca protección mínima universal,
• permita transferir parte del riesgo,
• y preserve la confianza pública.

Porque lo que está en juego no es únicamente la solvencia técnica de los sistemas, sino la posibilidad de vivir más años sin convertir el tiempo extra en vulnerabilidad económica.

5. Fomento del envejecimiento activo y prolongación de la vida laboral

La economía de la longevidad no puede sostenerse únicamente con ajustes financieros o innovaciones actuariales; necesita transformar el modo en que concebimos el trabajo a lo largo del ciclo vital. Extender la vida laboral no es solo una medida fiscal, sino una reconfiguración profunda de las trayectorias profesionales, de la empleabilidad de los mayores y de la cultura del trabajo en sociedades que durante décadas asociaron la jubilación con un “punto final” fijo y precoz.
El envejecimiento activo se convierte así en un pilar estructural de la sostenibilidad de las pensiones, pero también en un elemento clave de la calidad de vida, la autonomía personal y la integración social de las personas mayores.

1. Formación continua: del modelo lineal al modelo circular de aprendizaje

La longevidad destruye la idea clásica de “estudio → trabajo → jubilación”.
Exige un modelo de aprendizaje continuo que permita a los trabajadores reinventarse varias veces en su vida profesional.
La evidencia demuestra que la probabilidad de mantener empleo de calidad a partir de los 55 años depende fuertemente de:

• acceso a reskilling y upskilling,
• programas de reciclaje tecnológico,
• cursos modulables adaptados al ritmo adulto,
• certificación flexible de competencias.

Los países nórdicos —especialmente Finlandia y Dinamarca— han consolidado ecosistemas de aprendizaje permanente que reducen significativamente el riesgo de obsolescencia laboral en edades avanzadas.

2. Adaptación de puestos de trabajo: ergonomía, salud laboral y rediseño organizacional

Extender la vida laboral solo es posible si las condiciones de trabajo lo permiten.
En Europa, cerca del 30% de los trabajadores entre 55 y 69 años declaran limitaciones de salud vinculadas a su puesto.
La adaptación es un imperativo económico y moral:

• rediseño ergonómico,
• flexibilización de ritmos productivos,
• rotación de tareas para reducir desgaste,
• teletrabajo parcial para quienes lo requieran,
• apoyo psicológico y programas de bienestar.

Alemania y los Países Bajos han demostrado que invertir en ergonomía y salud laboral incrementa la participación laboral de mayores y reduce las jubilaciones anticipadas.

 4.    Incentivos fiscales y jubilación gradual: suavizar la frontera entre trabajo y retiro

5.    Muchos sistemas están abandonando la idea de una edad de jubilación rígida.
La jubilación gradual permite combinar empleo parcial y pensión parcial, facilitando una transición suave que:

• prolonga años cotizados,
• reduce gasto público en el corto plazo,
• mantiene la identidad profesional y el vínculo social,
• da flexibilidad a quienes desean seguir activos.

Los incentivos fiscales —bonificaciones por retraso de jubilación, exenciones parciales de cotizaciones, complementos en la pensión final— han demostrado efectos positivos moderados, pero consistentes.
Suecia, Dinamarca y Noruega muestran que el diseño importa más que la cuantía: los incentivos funcionan mejor cuando son claros, automáticos y predecibles.

4. Combate del edadismo: el obstáculo cultural invisible

El edadismo es probablemente el mayor freno al envejecimiento activo.
No es un fenómeno anecdótico: es estructural, transversal y profundamente económico.
Se manifiesta en:

• percepciones de baja productividad asociadas a la edad,
• sesgos en selección de personal,
• menor acceso a formación,
• estereotipos sobre resistencia al cambio,
• preferencia empresarial por perfiles “más jóvenes y moldeables”.

El resultado es que muchos trabajadores mayores están fuera del mercado no por falta de capacidad, sino por barreras culturales.
Los países que han avanzado en este campo —Reino Unido, Japón, Australia— han implementado campañas nacionales, auditorías de edad en empresas y legislación antidiscriminación específica.

5. Impacto real en la sostenibilidad de las pensiones y en la calidad de vida

Las políticas de envejecimiento activo no actúan en el vacío: inciden directamente en tres dimensiones estructurales del sistema de pensiones:

a) Sostenibilidad financiera

Más años trabajados → más cotizantes durante más tiempo → menor presión sobre el gasto público.
Los estudios muestran que aumentar la edad efectiva de jubilación en un solo año puede reducir entre 0,2 y 0,4 puntos del PIB en gasto pensional.

b) Equidad intergeneracional

Mantener en empleo a trabajadores mayores reduce la carga fiscal sobre las cohortes jóvenes, evitando que perciban el sistema como un mecanismo injusto.

c) Bienestar y salud

Las personas que permanecen activas de manera voluntaria presentan mejores indicadores de salud física y cognitiva, menor riesgo de aislamiento y mejor calidad de vida subjetiva.

El eje profundo: transformar el significado del tiempo laboral

En última instancia, el envejecimiento activo es un cambio civilizatorio:
no se trata de “retrasar la jubilación”, sino de redefinir la relación entre edad, trabajo y valor social.
La longevidad obliga a pensar el tiempo no como una línea recta que se agota, sino como un ciclo ampliado que permite nuevas fases de actividad, aprendizaje y contribución.

Es en ese horizonte donde el sistema de pensiones puede encontrar su estabilidad: no solo ajustando números, sino ampliando posibilidades vitales.

6. Escenarios futuros y pensiones en la era de la automatización

La longevidad y la automatización no son fuerzas separadas: avanzan en paralelo y se retroalimentan. Mientras la población vive más años y demanda sistemas de protección más prolongados, la tecnología reconfigura el mercado laboral, reduce ciertas fuentes de empleo tradicional y crea otras que requieren competencias más dinámicas y menos lineales. Esta interacción transforma la base misma sobre la que descansan los sistemas de pensiones: la capacidad de los trabajadores para generar cotizaciones suficientes en un mercado cada vez más discontinuo, digital y automatizado.

1. Automatización, IA y la erosión del empleo tradicional

La automatización no elimina “empleo” en abstracto, sino tareas específicas, muchas de ellas rutinarias y previsibles. Esto afecta sobre todo a:

• puestos de baja cualificación,
• empleos administrativos repetitivos,
• trabajos industriales mecanizables,
• servicios susceptibles de digitalización.

El resultado es un mercado laboral más polarizado:
alta demanda de competencias tecnológicas y creativas y, simultáneamente, sustitución de tareas que sostenían el empleo de amplias capas de población.

Si la base salarial se estrecha, también se estrecha la base de cotización.
Este es el punto crítico para las pensiones: menos cotizantes, menos ingresos; mayor longevidad, más gastos.

2. Trayectorias laborales discontinuas: la ruptura del paradigma contributivo clásico

El modelo de pensiones del siglo XX se construyó sobre tres supuestos que la automatización ya está erosionando:

1. Carrera laboral larga y continua.
2. Empleo estable a tiempo completo.
3. Relación salarial como eje central del sustento económico.

Hoy predominan trayectorias marcadas por:

• alternancia entre empleo y desempleo,
• freelance, trabajo por proyectos o gig economy,
• periodos formativos intercalados,
• movilidad laboral frecuente.

El sistema contributivo tradicional no está diseñado para estas trayectorias fragmentadas.
Por eso, la economía de la longevidad exige nuevas formas de portabilidad de derechos, cuentas individuales flexibles y mecanismos de cotización adaptados a carreras no lineales.

3. ¿Deberían los sistemas de pensiones adaptarse a un mercado laboral tecno-fragmentado? Sí, de manera estructural

Tres líneas de adaptación emergen con fuerza:

a) Cuentas individuales de aprendizaje

La automatización exige actualizaciones constantes de habilidades.
Estas cuentas financian formación continua durante toda la vida laboral, evitando que la obsolescencia expulse prematuramente a los trabajadores mayores.

Francia, Singapur y algunos países nórdicos han avanzado en este modelo, donde cada ciudadano acumula un “capital formativo” renovable.

b) Mecanismos de cotización flexibles

La gig economy y el trabajo autónomo requieren:

• cotizaciones proporcionales por ingresos reales,
• incentivos a la cotización automática,
• integración digital de bases laborales discontinuas.

c) Portabilidad universal de derechos

Si la trayectoria es móvil, el derecho debe serlo también.
Los sistemas avanzan hacia modelos en los que las cotizaciones siguen a la persona, no al empleo.

4. ¿Puede la automatización reducir las cotizaciones hasta poner en riesgo el sistema? El debate del “impuesto a los robots”

Algunos economistas plantean que, si las máquinas sustituyen tareas humanas, deben contribuir al sistema mediante un impuesto especial.
El argumento es doble:

1. Compensar pérdida de cotizantes humanos.
2. Reequilibrar la productividad creciente que se concentra en empresas con alta automatización.

Críticas a esta idea:

• desincentivaría la innovación,
• es técnicamente difícil determinar qué constituye un “robot” o una “sustitución”,
• podría ralentizar el crecimiento económico a largo plazo.

Aun así, el debate refleja una verdad profunda: la estructura fiscal actual no está adaptada a un mundo donde el trabajo humano deja de ser la única fuente de ingresos para financiar el Estado social.

5. ¿Renta Básica Universal como respuesta al desempleo tecnológico?

La Renta Básica Universal (RBU) resurge como propuesta en escenarios de automatización intensa.
Su lógica es clara: si la economía puede producir riqueza sin necesidad de empleo pleno, entonces parte de esa riqueza debe redistribuirse para garantizar seguridad económica básica.

 Ventajas proyectadas:

• simplificación del Estado del bienestar,
• protección frente a volatilidad laboral,
• mayor capacidad para reconvertirse laboralmente.

Limitaciones estructurales:

• coste fiscal elevado,
• riesgo inflacionario en algunos modelos,
• riesgo de desincentivo laboral si el diseño es incorrecto,
• necesidad de reestructurar completamente la arquitectura fiscal.

La RBU no sustituye los sistemas de pensiones contributivas, pero podría actuar como piso mínimo universal, especialmente en sociedades con automatización extrema.

6. Futuro ampliado: una economía donde los años extra deben encontrar correspondencia institucional

La longevidad y la automatización plantean una paradoja temporal:

• vivimos más años,
• pero los años de empleo estable se reducen.

El equilibrio futuro exigirá sistemas de pensiones capaces de:

• absorber ingresos discontinuos,
• redistribuir riqueza generada por tecnologías no salariales,
• garantizar dignidad en la vejez en un mercado laboral cada vez más fluido,
• sostener trayectorias vitales donde trabajo, formación y descanso se alternan a lo largo de décadas.

Es un cambio de escala temporal: las instituciones diseñadas para vidas más cortas y empleos más estables deben reconvertirse para un mundo donde la longevidad se expande y el trabajo se fragmenta.
La pregunta ya no es si debemos adaptar los sistemas, sino cómo hacerlo sin erosionar cohesión social ni seguridad económica.

Conclusión

Economía de la longevidad: reconstruir el pacto social en un tiempo que se expande

La longevidad no es simplemente un fenómeno demográfico: es una reescritura del tiempo humano que obliga a replantear las instituciones diseñadas para vidas más cortas, carreras laborales lineales y mercados de trabajo previsibles.
Cuando las sociedades viven más —y viven más allá de los límites que inspiraron el diseño original de los sistemas de pensiones— se produce una fricción estructural entre el pasado institucional y el presente biográfico.
Este artículo ha recorrido las seis dimensiones donde esa fricción se hace más visible: la sostenibilidad financiera, la transición hacia modelos híbridos, la desigualdad en la longevidad, la innovación actuarial, el envejecimiento activo y el impacto de la automatización en el futuro del trabajo.

En cada una de ellas se revela un mismo mensaje subterráneo: la longevidad amplifica las virtudes y las fracturas de nuestro sistema económico.
Un sistema de pensiones puede entenderse como una ecuación fiscal, sí, pero es ante todo un pacto ético entre generaciones que promete seguridad en la vejez a cambio de contribución durante la vida activa. Ese pacto se tensiona cuando el tiempo se dilata, cuando el mercado laboral se fragmenta, cuando las desigualdades acumuladas se arrastran hasta la jubilación y cuando la automatización desplaza tareas que durante décadas sustentaron el propio edificio contributivo.

La respuesta no puede ser un único mecanismo, sino una arquitectura adaptativa que combina sostenibilidad actuarial, solidaridad redistributiva y oportunidades reales para prolongar la vida laboral en condiciones dignas.
Los modelos comparados muestran que la estabilidad emerge cuando se diversifican riesgos: reparto + capitalización regulada; pensiones contributivas + pisos mínimos universales; ahorro individual + mecanismos de mutualización del riesgo de longevidad; envejecimiento activo + portabilidad de derechos a lo largo de trayectorias discontinuas.
No se trata de elegir entre Estado o mercado, entre contributividad o solidaridad, entre trabajo y jubilación: se trata de rediseñar el ecosistema completo para una humanidad que ha ampliado su curva vital.

La automatización añade un vector decisivo: exige revisar la relación entre productividad y cotización, entre creación de valor y financiación del Estado social.
Si la riqueza futura dependerá cada vez más del capital tecnológico y menos del trabajo humano directo, entonces la lógica de financiación del bienestar tendrá que expandirse más allá de las bases salariales tradicionales. Esta tensión, lejos de ser una amenaza, puede convertirse en una oportunidad para construir sistemas más estables, más equitativos y más alineados con la estructura económica del siglo XXI.

En última instancia, la economía de la longevidad no interpela solo a economistas o actuarios.
Interpela a la sociedad entera.
Nos obliga a decidir cómo queremos vivir los años adicionales que la ciencia nos regala, cómo queremos sostener la dignidad de quienes envejecen y qué tipo de pacto intergeneracional queremos legar a las generaciones que vendrán.
El verdadero desafío no es financiar la longevidad, sino darle sentido institucional: transformar el tiempo extra en una etapa de vida plena, segura y socialmente reconocida.
Ese es el núcleo del nuevo pacto social que empieza a dibujarse: un pacto para un mundo donde el tiempo se expande y, con él, nuestra responsabilidad colectiva.