CUANDO LAS
REGULACIONES DEJAN DE PROTEGER Y EMPIEZAN A ASFIXIAR UNA REFLEXIÓN CIUDADANA
1.
Introducción
Las
regulaciones existen, en teoría, para protegernos. Nacieron con una finalidad
noble: establecer normas que garanticen el bienestar común, la seguridad, el
respeto entre ciudadanos, la equidad y la justicia. Pero como suele ocurrir con
muchas cosas cuando caen en manos de estructuras de poder sin control
ciudadano, su uso puede desviarse y convertirse en un obstáculo más que en una
ayuda.
Este documento
nace con una intención sencilla pero importante: hacer reflexionar a quienes lo
lean. Porque hay una pregunta que deberíamos hacernos todos: ¿Hasta qué punto
las regulaciones realmente nos protegen, y cuándo empiezan a complicarnos la
vida innecesariamente?
2.
Regulación vs. Sobrerregulación
Regular lo
imprescindible tiene sentido. Por ejemplo, establecer normas sanitarias para
evitar que alguien venda comida en mal estado, o fijar reglas básicas de
seguridad en la construcción. Eso es necesario y nadie lo discute. Pero cuando
las normas se multiplican sin control, entramos en lo que podríamos llamar
“sobrerregulación”.
¿Qué pasa
entonces? Que para hacer cualquier cosa, hasta la más sencilla, se necesitan
permisos, formularios, inspecciones, declaraciones responsables, certificados…
y en muchos casos, ni siquiera está claro qué se necesita exactamente. La
complejidad se vuelve una trampa. No es raro que una persona o una empresa
tarde meses —incluso años— en poder poner en marcha un proyecto por culpa de
los trámites.
La
sobrerregulación, lejos de protegernos, genera parálisis, frustración y una
sensación constante de que cualquier paso puede ser motivo de sanción, aunque
no haya mala fe.
3. El coste
de regular en exceso
Aquí entra otro
problema importante: cada nueva regulación suele traer consigo nuevos
organismos encargados de controlarla. Eso significa más funcionarios, más
oficinas, más recursos públicos dedicados a hacer cumplir normativas que muchas
veces nadie entiende ni necesita.
¿Y quién paga
todo eso? Nosotros. Los ciudadanos. Con nuestros impuestos. Es decir, no solo
sufrimos la carga burocrática, sino que además financiamos el entramado que la
sostiene.
El crecimiento
del Estado en áreas de control y gestión normativa no siempre implica mejores
servicios al ciudadano. A menudo es justo lo contrario: más colas, más papeles,
más tiempo perdido, y menos libertad para actuar con sentido común.
4. La puerta
abierta a la corrupción
Otro efecto
perverso de la sobrerregulación es la corrupción. Cuando el camino legal se
vuelve tan complicado y lento que casi paraliza cualquier iniciativa, aparece
una tentación: “acelerar el proceso” a través de pagos informales, favores o
contactos.
Si hay muchas
puertas cerradas, y solo una se abre si pagas o conoces a alguien, el sistema
deja de ser justo y se convierte en un mercado de influencias.
Esto es
especialmente grave porque rompe la igualdad entre los ciudadanos: quien tiene
dinero o poder puede saltarse los obstáculos; quien no lo tiene, se queda
atrapado. Y así, en lugar de fomentar una sociedad más justa, la maraña
normativa acaba alimentando el clientelismo y la trampa.
5. ¿Quién
gana y quién pierde?
Puede parecer
que regular mucho es una forma de controlar a las grandes empresas, pero en la
práctica muchas veces ocurre justo lo contrario. Las grandes empresas tienen
departamentos legales, contables, y de relaciones institucionales. Saben
moverse por el laberinto burocrático, y si hay una norma que les molesta,
muchas veces tienen medios para cambiarla o rodearla.
En cambio, los
pequeños empresarios, los autónomos, los ciudadanos de a pie, son los que más
sufren. Ellos no tienen equipos legales ni contactos. Se enfrentan a un sistema
rígido, lento y muchas veces incoherente.
El resultado es
que la sobrerregulación, lejos de nivelar el terreno de juego, termina
beneficiando a los poderosos y empobreciendo al resto.
6. Mitos
sobre las regulaciones (y por qué no siempre se cumplen)
Muchos
defienden el exceso de normativas repitiendo ciertas frases que suenan bien,
pero que no siempre resisten el análisis. Aquí desmonto algunas de las más
comunes:
Mito 1:
“Cuantas más normas, más protegido está el ciudadano.”
Realidad: En muchos casos, lo que protege al
ciudadano no es la cantidad de normas, sino su claridad, aplicación justa y
eficacia. Si una norma es confusa, contradictoria o ineficaz, no protege:
entorpece.
Mito 2: “La
regulación protege a los más débiles.”
Realidad: En teoría, sí. Pero cuando las
regulaciones son excesivas o mal diseñadas, quienes más sufren son precisamente
los más débiles, porque no tienen medios para adaptarse, pagar asesoría o
sortear obstáculos legales. Los fuertes siempre encuentran la manera de
adaptarse o presionar para cambiar las normas a su favor.
Mito 3: “Sin
normas, todo sería un caos.”
Realidad: Nadie propone eliminar todas las
normas. Se trata de tener las justas y necesarias. Un entorno ordenado no
depende del número de leyes, sino del respeto a unas pocas normas bien
pensadas, claras y útiles.
Mito 4:
“Quien se queja de la burocracia es porque quiere saltarse la ley.”
Realidad: Muchas personas no quieren saltarse
ninguna ley, simplemente quieren poder trabajar, emprender o gestionar su vida
sin pasar por un calvario administrativo. Cuestionar el exceso de regulación no
es un acto de rebeldía, sino de sentido común.
7. Propuesta
de sentido común: menos, pero mejor
La solución no
pasa por eliminar todas las normas, ni por caer en el descontrol. Lo que hace
falta es sentido común. Necesitamos:
- Regular solo lo esencial. No se trata de desregular por
completo, sino de distinguir entre lo necesario y lo excesivo.
- Revisar las normas existentes. Muchas leyes y regulaciones han
quedado obsoletas, pero siguen en vigor. Deberían eliminarse o
actualizarse.
- Simplificar trámites. Si algo puede hacerse con una
declaración responsable, no hace falta un expediente de 50 páginas.
- Unificar organismos. Evitar duplicidades entre
administraciones que controlan lo mismo de formas distintas.
- Fomentar la transparencia. Cuanto más claro es el proceso,
menos espacio hay para la corrupción.
8.
Llamamiento a la ciudadanía
Este documento
no pretende ser una crítica destructiva, sino una llamada a pensar. Los
ciudadanos tenemos derecho a exigir una administración que nos sirva, no que
nos domine. Una administración que nos ayude, no que nos bloquee.
Por eso es
importante que aprendamos a detectar cuándo una norma es útil, y cuándo solo
está ahí para justificar un organismo, un puesto o un gasto innecesario.
También debemos
defender a quienes emprenden, a quienes intentan crear algo nuevo, sin
sospechar de ellos por defecto. Porque sin iniciativa, sin libertad, sin
confianza en el ciudadano, una sociedad no avanza.
9.
Conclusión
Las
regulaciones son necesarias, sí, pero no pueden convertirse en una red que nos
atrape. Si el exceso de normas genera corrupción, desigualdad y gasto inútil,
debemos atrevernos a decirlo.
No se trata de
desobedecer las leyes, sino de exigir que las leyes tengan sentido. Porque una
sociedad madura no es la que más normas tiene, sino la que mejor entiende por
qué existen y cuándo ya no son necesarias.

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