PROPUESTA PARA OTORGAR UNA PAGA MENSUAL  MUJERES MAYORES DE 65 AÑOS SIN PENSIÓN TOMANDO COMO BASE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2024

Introducción

Esta propuesta tiene como objetivo garantizar una paga mensual de 1.000 euros para todas las mujeres mayores de 65 años que no reciben ninguna pensión. Este derecho fundamental puede financiarse sin incrementar la presión fiscal ni comprometer servicios esenciales, mediante la reestructuración y optimización de partidas presupuestarias innecesarias y mal gestionadas. En este documento, se analiza la viabilidad de esta medida a través de una revisión de los Presupuestos Generales del Estado, identificando partidas que podrían ajustarse para financiar dicha paga.

El documento se estructura de la siguiente manera:

• Cantidad de personas beneficiarias
• Importe total necesario para financiar la medida
• Identificación de partidas ajustables
• Conclusiones

1. Cantidad de Personas Beneficiarias

Según los datos más recientes de la Seguridad Social, en España hay aproximadamente 5,2 millones de mujeres mayores de 65 años. De ellas, 2.623.203 mujeres ya reciben una pensión, lo que deja a 2.577.000 mujeres sin ningún tipo de ingreso por jubilación.

Estas mujeres representan un grupo vulnerable que merece una atención prioritaria en políticas sociales.

2. Importe Total Necesario

El coste anual de otorgar una paga mensual de 1.000 euros a estas 2.577.000 mujeres sería:

• Pago mensual por persona: 1.000 euros
• Número de meses: 12
• Personas beneficiarias: 2.577.000

Coste total anual:

2.577.000×1.000×12=30.924.000.000 euros2.577.000 \times 1.000 \times 12 = 30.924.000.000 \, euros

 

3. Partidas Presupuestarias Ajustables

3.1. Aportaciones a Otros Países y Organismos Internacionales

El Estado destina importantes fondos a organismos internacionales y ayudas a otros países, incluyendo:

• Unión Europea: 18.042,85 millones de euros
• ONU y agencias de la ONU (UNESCO, UNICEF, etc.): 203,69 millones de euros
• OTAN: 1.185 millones de euros
• Cooperación internacional para el desarrollo: 489 millones de euros
• Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento: 15 millones de euros

Total, de aportaciones a otros países y organismos internacionales: 19.935,54 millones de euros.

3.2. Subvenciones a ONG y Fundaciones

El Estado destina una gran cantidad de fondos a diversas ONG y fundaciones, incluyendo:

• Plataforma de ONG de Acción Social: 637.860 euros
• Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social: 420.650 euros
• Cruz Roja Española: 1.323.680 euros
• Cáritas Española: 792.640 euros

Total, de subvenciones a ONG y fundaciones: 3,17 millones de euros.

3.3. Subvenciones a Medios de Comunicación

El Estado otorga subvenciones a medios de comunicación, en particular:

• Compensación a la Agencia EFE por servicio público: 5,8 millones de euros
• Cobertura informativa nacional e internacional: 48,1 millones de euros

Total, de subvenciones a medios de comunicación: 53,9 millones de euros. (según asignación inicial a lo largo del año se incrementó esta cantidad por mas de 5 )

 3.4. Gastos por Duplicidades Administrativas

 Una parte significativa del gasto público proviene de la existencia de duplicidades administrativas entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los Entes Locales. Los gastos administrativos totales ascienden a:

• Administración Estatal: 20.518 millones de euros
• Administración Autonómica: 45.087 millones de euros
• Administración Local: 21.012 millones de euros

Total, de gastos por duplicidades administrativas: 86.617 millones de euros.

3.5. Otros Gastos Diversos

Otras partidas ajustables incluyen:

• Publicidad y propaganda: 26 millones de euros
• Reuniones, conferencias y cursos: 300.000 euros

Total, de gastos diversos: 26,3 millones de euros.

4. Conclusiones

El análisis muestra que es posible financiar una paga mensual de 1.000 euros para todas las mujeres mayores de 65 años que no reciben pensión, mediante la revisión y reestructuración de partidas presupuestarias innecesarias. Esto permitiría mejorar la calidad de vida de un grupo vulnerable sin comprometer los servicios públicos esenciales ni aumentar la carga fiscal.

Esta propuesta no implica recortes en áreas fundamentales como sanidad o educación, sino que optimiza el gasto público y prioriza las necesidades de los ciudadanos más vulnerables.

“Este documento demuestra que una política social de estas características es perfectamente viable si se implementa con una adecuada gestión de los recursos existentes.”